El juez sanjuanino Pablo Oritja consideró que tres ríos fueron contaminados por un derrame de cianuro y otros químicos producido en la mina Veladero, de la empresa Barrick Gold, en el departamento Iglesia, situado en la Cordillera de Los Andes. Por esa causa decidió el procesamiento de nueve empleados jerárquicos de la gigante minera mundial.
El Diario de Cuyo reveló que los peritajes de referencia para los procesamientos del juez sanjunino fueron realizados por la propia minera. Y que la contaminación se detectó al comparar los valores de esos estudios con otros realizados con anterioridad al inicio de las explosiones en la montaña y el procesamiento con cianuro de los pedazos de roca para despegar el oro de la mugre.
Los monitoreos de la minera tomados como referencia por Oritja en los autos de procesamiento se hicieron en cuatro afluentes del Río Jáchal: Potrerillos, Las Taguas, La Palca y Blanco. De acuerdo a los resultados que el juez cita en la resolución, en los tres primeros se registraron concentraciones suficientes de cianuro y mercurio como para afirmar que se contaminaron. En tanto que no menciona como afectado al cuarto, que es el que está más aguas abajo, señala una nota del matutino sanjuanino firmada por el periodista Leonardo Domínguez. La contaminación no habría llegado al Jáchal, según las consideraciones de Oritja.
Oritja citó también resultados de peritajes de la Policía Federal, aunque consideró que estos consignan niveles de contaminación iguales o inferiores a los que presentaban los ríos antes del arribo de la Barrick a San Juan. “Los resultados obtenidos prácticamente no difieren o en algunos casos, incluso, son inferiores a los detectados en la línea de base”, afirma el magistrado en los argumentos de los procesamientos a los empleados de la minera.
Oritja le puso énfasis especial al origen de los estudios que tomó como referencia para dictar los procesamientos. Y no es casual. El derrame de una solución acuosa con cianuro y otros contaminantes producido en setiembre del año pasado activó dos causas judiciales, además de la que instruye Oritja se abrió una investigación en los tribunales federales de la Comodoro Py, en la Ciudad de Buenos Aires, adonde el juez Sebastián Casanello quedó al frente de las actuaciones. La diversificación del hecho en dos causas no puede durar para siempre, en algún momento uno de los jueces actuantes deberá desprenderse del expediente. ¿Quién será? Lo resolverá la Corte Suprema. Mientras tanto, hay operaciones y contraoperaciones de ambos lados para desplazar a la otra parte del caso.
El gobierno de San Juan, ahora a cargo de Sergio Uñac, giojista de la primera hora, está fuertemente interesado en que sea el juez Oritja el que defina el caso en la etapa de instrucción, mientras los ambientalistas y políticos antimineros pretenden que ese trabajo lo complete Casanello.
El delito que el Oritja les imputa a los agentes de la minera está tipificado en el artículo 56 de la ley nacional de residuos peligrosos, que exige la concurrencia de dos factores. Además de la contaminación, la negligencia o impericia.
En los considerandos, el magistrado los culpa por dejar abierta la compuerta que permitió que el líquido derramado llegara al río. Dice que “decidieron en forma inconsulta y negligente la apertura del canal de desvío del Norte, no adoptando los recaudos tendientes a prevenir cualquier tipo de contingencia”. Los empleados declararon en su momento que lo hicieron para no ayudar a que siga subiendo la cota del valle de lixiviación, que estaba alta, y que no podían prever la rotura de la válvula de la tubería que transportaba la solución cianurada.
