"El Ejército comandó el plan represivo en Mendoza, pero la ejecución fue conjunta con todas las fuerzas represivas. La policía estableció zonas liberadas, se estableció la maquinaria del secuestro", puntualizó este lunes el fiscal Dante Vega ante el tribunal del Megajuicio de Lesa Humanidad que siguió con una nueva audiencia en la etapa final del proceso que juzga a los ex jueces Otilio Romano, Luis Miret, Max Petra y Rolando Carrizo, por complicidad y ejecución primaria de delitos de lesa humanidad.
Ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mendoza -integrado por los jueces Alejandro Waldo Piña, Juan Antonio González Macías y Raúl Alberto Fourcade- arrancó la exposición de los representantes del Ministerio Público Fiscal.
Vega se explayó sobre el rol de cada una de las fuerzas de seguridad en la aplicación del plan represivo. "En general los que fueron secuestrados antes del golpe conservaron su vida, pero todo cambia dramáticamente después del golpe. A partir de marzo de 1976 empezaron a ingresar en la morgue cuerpos como nn a quienes en el causal de muerte se les anotaba como 'muertos en enfrentamiento'", agregó Vega.
"El total de desaparecidos de casos judicializados en Mendoza es de 136 personas, de las cuales 119 fueron secuestradas en el Gran Mendoza, y 10 antes del golpe", detalló Vega en otro tramo de su alocución.
Paraestatal y Estatal
Una particularidad que tuvo la represión paraestatal en Mendoza durante los años previos al golpe, fue la persecución a mujeres en situación de prostitución, por parte del Comando Moralizador Pío XII.
Este comando, que estaba al igual que el Comando Anticomunista Mendoza (CAM) vinculado a quien se desempeñaba como jefe de la policía, vicecomodoro Julio Cesar Santuccione, llevaba a cabo acciones que incluían, además de los atentados con bombas a clubes nocturnos y cabarets, la persecución y asesinato de mujeres en situación de prostitución y proxenetas.
No obstante, precisó Vega este lunes ante el tribunal, esos comandos "se esfuman después del golpe, son absorbidos por el aparato estatal. El D2, la Policía Federal, el Ejército, la Fuerza Aérea, las comisarías, la Penitenciaría Provincial se sumaron al aparato de represión de prisioneros políticos en el aparato de represión estatal", apuntó el representante del Ministerio Público.
Sobre el D2
"El D2 -sostuvo Vega- siempre cumplió un rol político. Concentraba información e inteligencia, esto es fisgoneo, tortura e interrogatorios, secuestros y muerte. El d2 sintetiza todo el repertorio de delitos cometidos por la dictadura: secuestro, torturas, violaciones de domicilios, violaciones, pillaje de bienes materiales, extorsiones, homicidios".
Señaló Vega que por ese Centro Clandestino de Detención pasaron mas de 250 detenidos y que intervino en al menos 60 desapariciones forzadas, e incluso que "operó como lugar de detención en 1975, antes del golpe, y por supuesto después del golpe". Sobre esto último dio profuso detalle de lo que allí ocurría, citando testimonios de numerosa cantidad de víctimas.
