Se desarrolló este lunes una audiencia en los Tribunales Laborales de Mendoza para dirimir un conflicto planteado por una denuncia de los dueños del diario Uno, Daniel Vila y José Luis Manzano, contra dos delegados gremiales por la realización de una protesta en 2013. Los jueces de la Tercera Cámara Laboral de la Provincia deben resolver si los empresarios tienen potestad para echar a trabajadores que ejercen la representación gremial de sus compañeros, como pretenden Vila y Manzano con Luciano Grenon, delegado del Sindicato de Prensa, y Manuel Molina, del Sindicato de Trabajadores Gráficos.
Los trabajadores amenazados por los empresarios Vila y Manzano contaron con el apoyo de más de una decena de gremios de la provincia que se pusieron a disposición de los empleados víctimas de la embestida patronal. Los jueces Mónica Arroyo, Enrique Catapano e Inés Rauek tomaron testimoniales para resolver si los delegados cuentan con protección legal o los empresarios pueden disponer de sus puestos de trabajo sin respetar los derechos laborales de los representantes sindicales legalmente elegidos por los trabajadores del diario de Las Heras.
Los sindicatos de Prensa y Gráficos contaron con el apoyo presente en el frente de los Tribunales Laborales de la calle San Martín de una multiplicidad de organizaciones gremiales. Los líderes locales de las dos CTA, Raquel Blas y Gustavo Correa, fueron parte como así también hubo dirigentes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el Sindicato de Televisión (SATSAID), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), Unión de Docentes Argentinos (UDA), Trabajadores de ANSES (SECASFPI), Judiciales de Mendoza, Unión Personal de Juegos y Casinos de Mendoza (UPJCM) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC). También estuvieron las diputadas del Frente de Izquierda Macarena Escudero y Cecilia Soria.
Los dueños del diario Uno mandaron al gerente José María Casero, un despiadado administrador que hizo tropelías contra los trabajadores en el diario Los Andes en su juventud y luego prosiguió su carrera con la misma impronta bajo el ala de los dueños de compañía offshore en paraísos fiscales Vila y Manzano.
Los trabajadores judicializados fueron parte de una protesta por mejores condiciones laborales que se desarrolló en 2013 afuera de las oficinas de la empresa de Vila y Manzano, en la calle Patricias Mendocinas. Los empresarios resolvieron echar de sus trabajos a Grenón (actualmente miembro de la Comisión Directiva del Sipremen) y Molina, quienes eran delegados sindicales de sus compañeros de trabajo, lo cual es ilegal.
Entonces, los dueños de EDEMSA, entre otros negocios con el Estado, decidieron encarar una persecución judicial contra sus propios trabajadores. A Molina y Grenón los llevaron a los Lribunales Laborales con una embestida por el desafuero sindical. Es decir, pretenden que la Justicia les quite la protección prevista en la ley para los delegados para poder despedirlos. Por la misma protesta, hay cuatro trabajadores de prensa procesados en la Justicia Penal a instancias de una denuncia de los gerentes que actúan en nombre de Vila y Manzano.
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