La Dirección General de Escuelas cambió de rumbo respecto a la entrada de sindicalistas a los establecimientos. La política oficial contra los educadores en el marco de las paritarias fue agresiva y siguió en ese tono con posterioridad al fracaso de la negociación y la imposición del ítem aula por parte del gobierno de Alfredo Cornejo.
Como contraataque a las acciones votadas por los plenarios de base para poner en marcha contra la política salarial del gobierno, el director general de Escuelas, Jaime Correas, respondió con un memorándum que reestableció una normativa del 2002 inspirada en una fobia inspirada por los medios en virtud de una serie de secuestros de alumnos en la Provincia de Buenos Aires, aunque en este caso actuaría para impedir el ingreso de delegados o autoridades sindicales a los edificios escolares. La comunicación llevaba implícita la amenaza de sancionar a directores y supervisores que no impidieran la actividad sindical en las escuelas.
La polémica no tardó y provocó una aclaración rápida y confusa de la DGE. En esa instancia intervino la vicejefa Emma Cunietti para declarar a los medios que el memorándum de Correas que reinstauraba una resolución del 02 no prohibía la entrada sindicalistas a las escuelas sino que prohibía que los sindicalistas hablaran con los alumnos. Las declaraciones las hizo en una conferencia de prensa mostrando fotos de los docentes militantes del SUTE manteniendo sus actividades sindicales de protesta en sus lugares de trabajo: las escuelas.
Al final fue tal la confusión que generó al DGE con su contragolpe contra la militancia sindical, que no pudo evitar el papelón de volver sobre los pasos dictados y aclarar a los directivos y supervisores que no pueden prohibir la entrada a los docentes con militancia sindical. En el nuevo memo ni Correas ni Cunietti estamparon sus firmas, funcionarios de línea inferior se hicieron cargo.
