Las Abuelas de Plaza de Mayo denunciaron el desmantelamiento que la ministra Patricia Bullrich está llevando adelante en áreas sensibles del Ministerio de Seguridad de la Nación, dedicadas al sostenimiento de las políticas de Derechos Humanos que venía sosteniendo el Estado Nacional.
A través de un comunicado, expresaron una "profunda preocupación" por la desarticulación del Grupo Especializado de Asistencia Judicial (GEAJ), "creado a instancias de las Abuelas de Plaza de Mayo para colaborar con la extracción de muestras de ADN por vía judicial, que permiten la identificación de nuestros nietos y nietas".
Señalaron este viernes que "se publicó en el Boletín Oficial la nueva estructura orgánica del Ministerio de Seguridad de la Nación, y allí pudimos constatar la desintegración de la Dirección de Derechos Humanos dependiente de la cartera ministerial. Este área ocupaba un rol muy importante en el relevamiento documental y en la producción de informes para asistir a las investigaciones judiciales por los crímenes de lesa humanidad. De ella también dependía el GEAJ, que fuera materia del Acuerdo de Solución Amistosa entre Abuelas de Plaza de Mayo y el Estado Nacional, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2009 (Acuerdo publicado en el Boletín Oficial el 20/11/09)".
Indicaron también en el comunicado, difundido en redes sociales y en su página web, que "su creación obedeció a que, la delicada tarea de toma de muestras de ADN para identificar judicialmente a nuestros nietos, hijos de desaparecidos, no podía quedar en manos de las fuerzas de seguridad, que en muchos casos actuaban con complicidad con los apropiadores, fraguando la toma de muestras para tornar imposible las restituciones".
A fines de 2014 fue condenado, por el Tribunal Oral Federal Nº 5 de San Martín, el Oficial de Policía, Adolfo Porcel por haber fraguado en 2005, en complicidad con el ex gendarme y apropiador, Víctor Enrique Rei, las muestras del allanamiento realizado en la restitución del nieto Alejandro Pedro Sandoval Fontana, contaron las Abuelas. "Esto motivó la necesidad de crear un Grupo Especializado para colaborar con la Justicia en el ámbito de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad a cargo de civiles comprometidos con la Memoria, la Verdad y la Justicia", indicaron.
"Las decisiones tomadas en la órbita del Ministerio de Seguridad implican un grave retroceso en los estándares alcanzados por el Estado Nacional en materia de investigación y juzgamiento en crímenes de lesa humanidad que lo tornan responsable internacionalmente", sigue el documento.
Y cierra: "Por tal razón, las Abuelas de Plaza de Mayo solicitamos al Presidente de la Nación que tome las medidas necesarias para dar marcha atrás con la grave decisión adoptada por la Ministra Bullrich. De lo contrario, denunciaremos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Gobierno Nacional por el incumplimiento del acuerdo de solución amistosa del año 2009".
