La Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado de la Nación emitió un dictamen a favor de un proyecto de resolución que insta al gobierno de Mauricio Macri a impedir la reactivación de la mina Potasio Río Colorado, en Malargüe, mientras se estudia el impacto del emprendimiento sobre el ambiente en general y el Río Colorado en particular.
Las autoridades de Mendoza consideran que el impacto ambiental de la explotación de la mina ya fue estudiado y se encuadra en los parámetros exigidos. El gobierno mendocino anunció en abril que la empresa brasileña Vale retomaría las operaciones en Malargüe con un plan reestructurado respecto al original, que fue suspendido a fines de 2012.
La avanzada parlamentaria contra la mina fue encabezada por el senador del peronismo pampeano Daniel Lovera, miembro de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, quien se movió habilidosamente para sacar un dictamen favorable al proyecto que firmó junto a sus pares pampeanos Norma Durango y Juan Carlos Marino. En la provincia vecina, hay acuerdo entre las fuerzas políticas con representación respecto a condicionar la explotación de la mina de potasio situada a orillas del Río Colorado.
Con la emisión del dictamen de comisión quedó allanado el camino para que la iniciativa de los pampeanos sea tratada en el recinto de la Cámara Alta.
La resolución sostiene en sus fundamentos: “Somos conscientes de la magnitud del proyecto tanto en la economía nacional como internacional, y que nuestra intención distaba mucho de impedir o boicotear el proyecto, lo que sí necesitamos es esclarecernos con los recaudos suficientes para que no se contamine el Colorado y las cosas se hagan como corresponde, lo que hasta ahora no nos consta”.
Los términos del proyecto parlamentario que insta a no avanzar en la explotación minera del Sur mendocino sin nuevos estudios ambientales está en línea con los reclamos de entidades rurales y ambientales de las provincias con intereses en el Río Colorado: La Pampa, Río Negro y Buenos Aires.
Los derechos de explotación de la mina de potasio en cuestión son propiedad de la empresa brasileña Vale, que decidió paralizar las actividades antes de finalizar las obras de infraestructura previstas en el marco de un proyecto que contemplaba inversiones por más de 6.000 millones de dólares.
Las actividades en la mina se paralizaron a fines de 2012, hasta que Vale anunció en marzo de 2013 la suspensión por tiempo indefinido de su empresa en Malargüe, adonde empleaba a unas cinco mil personas.
Desde entonces, corrieron numerosas versiones con más o menos respaldo gubernamental sobre la reactivación de las actividades en la mina, pero ninguna se concretó. La última fue ventilada en abril por el gobierno de Alfredo Cornejo: los brasileños reactivarían la empresa con un proyecto acotado respecto al original.
