Las familias María José Coni y Marina Menegazzo presentaron una medida cautelar este martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos "como consecuencia de las evidentes deficiencias en la investigación penal que se está desarrollando en Ecuador", informaron abogados de Xumek, que las representarán ante el organismo internacional.
"En la misma se le solicita al organismo internacional que de manera urgente intervenga para proteger el material probatorio y evitar la culminación del proceso penal sin una diligente investigación", señaló Xumek sobre esta presentación que intenta proteger a través de la intervención del organismo las instancias de la investigación sobre el destino de las jóvenes mendocinas, asesinadas en Montañita, Ecuador, mientras vacacionaban el último verano.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el paso previo de aceptación de un caso en la Corte Internacional. La Madre de María José, Gladys Steffani, cuestionó la investigación desde sus inicios, aunque en general resaltó la labor de los peritos y el acompañamiento del Gobierno de ese país.
Los cuerpos de Marina y María José fueron encontrados envueltos en plástico y con cinta de embalar en una zona de vegetación próxima a las playas de Montañita, a unos 200 kilómetros de Guayaquil, el jueves 25 y el sábado 27 de febrero, respectivamente.
Las chicas habían tenido su último contacto telefónico con sus familiares el lunes 22 de febrero y planeaban regresar a Argentina cuatro días después.
Luego de diferentes peritajes científicos con muestras de ADN y el cotejo de huellas dactilares, la Fiscalía ecuatoriana confirmó que los cuerpos pertenecían a las dos turistas mendocinas. En esos estudios también brindaron su asistencia peritos policiales argentinos que viajaron especialmente a Guayaquil.
A raíz del doble crimen, la Justicia ecuatoriana dictó la prisión preventiva de Alberto Segundo Mina Ponce (33) y de Aurelio Eduardo Rodríguez (39), alias "El Rojo", quienes están imputados de "doble homicidio agravado", delito que prevé una pena de hasta 26 años de cárcel. Mina Ponce solicitó a la justicia la figura de “arrepentido” para sumar nuevos nombres a la investigación.
