Los liberales porteños voltearon en el Congreso de Tucumán un proyecto de San Martín para proteger la industria del vino

San Martín tenía la suficiente claridad política, no muy frecuente en esos tiempos de guerra, para comprender que sin el fortalecimiento de la economía cuyana eran escasas las posibilidades de contar en poco tiempo con recursos suficientes para defender a la gobernación de un ataque realista y pasar a la ofensiva con su proyecto libertador. Y al igual que su  querido amigo y compañero Manuel Belgrano, era un defensor de nuestra producción nacional. (…)

Como gobernador, San Martín apoyó los reclamos de los cabildos cuyanos, luego defendidos por el diputado mendocino ante el Congreso de Tucumán y operador político de San Martín, Tomás Godoy Cruz, para que el Directorio bajase los muy altos impuestos y derechos de tránsito que gravaban a la producción local de vinos, aguardientes y frutas secas.

Señala Maurín Navarro: "Los vinos y aguardientes de Cuyo, decía Godoy Cruz, a pesar de los aumentos de los derechos a los extranjeros, eran perjudicados por la concurrencia de estos últimos, agregando el diputado por Mendoza que la medida solicitada era universalmente adoptada por las distintas naciones para fomentar la industria nacional y que, a favor de la protección, llegarían a superar la calidad y desalojar los vinos del exterior".

Al referirse a los derechos de exportación que percibía la Aduana de Buenos Aires expresaba que una parte de los vinos de Cuyo se exportaban a Montevideo y Brasil, en cuyo casos los derechos de exportación recaían sobre los productos nacionales, cosa reprobada en los buenos principios de economía.

Como signo de los intereses que predominaban en el Directorio, el proyecto fue rechazado por el Congreso, ya establecido en Buenos Aires. El diputado José Malabia, al fundamentar ese rechazo, sostuvo dos argumentos: que las cargas internas y los derechos de exportación eran necesarios para el tesoro nacional, “destinado a emplearse en utilidad y beneficio de todas las provincias”, y que la manera más eficaz para mejorar la calidad de los productos nacionales era la competencia de los importados.

En igual sentido se manifestaron los comerciantes del Consulado y una “comisión de árbitros” consultados en 1817 por el director Pueyrredón, en estos liberales términos que les sonarán familiares a los lectores: “Que si bien los cuyanos han sufrido quebrantos como consecuencia de los donativos y anticipaciones que hicieron generosamente al glorioso Ejército de los Andes, no debe concederse la prohibición de introducir caldos extranjeros por las siguientes razones:

"1º los derechos que pagan los caldos extranjeros son excesivamente altos;

"2º el sistema liberal se opone a prescribir artículos de comercio;

"3º los caldos nacionales son de inferior calidad y no pueden reemplazar a los importados;

"4º los caldos cuyanos no conseguirán la exclusividad del mercado, aunque se prohibiesen los extranjeros, porque el contrabando de estos artículos no tendría límites;

"5º si se prohibiese la importación, dejaría el Estado de percibir las ingentes sumas que le producen en la actualidad".

Como bien señalaba Godoy Cruz, esas actitudes no hacían más que avivar las rivalidades internas, lo que en pocos años más se hizo evidente con la disolución de las autoridades nacionales y el largo período de guerras civiles, que se prolongó durante buena parte del siglo XIX.