Por Leila Mesyngier
Para Cosecha Roja
Don Díaz tiene 94 años. No falta a ninguna audiencia del juicio por el Operativo Independencia en Tucumán: es sobreviviente de la dictadura y tiene dos hijos desaparecidos. Se sienta siempre en el mismo lugar, al lado del pasillo que conduce al estrado. El 10 de junio, Roberto Albornoz – uno de los principales acusados, la “vedette” del caso- pasó por al lado y, a la vista de todos, le pegó una patada. Don Díaz se paró al grito de “Hijo de puta” y los jueces desalojaron la sala. Ese día Albornoz estaba envalentonado. En el cuarto intermedio de la audiencia se enteró que la justicia anuló una condena a perpetua para tres acusados de delitos de lesa humanidad en la masacre de Capilla del Rosario. Cuando los familiares se lo contaron, levantó los brazos con los puños abiertos, arengó a su público y celebró el fallo como una victoria. “Se les acabó la fiesta”, dijo.
La presencia de veteranos del Operativo en el Bicentenario generó rechazo en los sectores defensores de los Derechos Humanos de Tucumán. Pero los militantes de los organismos no dudan de que el alboroto del ex jefe de Policía Albornoz dos semanas atrás y el desfile de los “ex combatientes del Operativo Independencia” en los festejos por los 200 años de la Independencia estén relacionados. Desde el 24 de marzo, cuando una nota del diario La Gaceta recopiló comentarios de lectores que recordaban el clima de “anarquía y caos” de esa época, reapareció la teoría de los dos demonios. Y el comienzo del juicio la potenció.
El Operativo Independencia comenzó el 8 de febrero de 1975, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Fue un despliegue de fuerzas armadas en el territorio tucumano, el puntapié para lo que pasaría a partir del 24 de marzo de 1976 en todo el país. Entre las 270 víctimas había trabajadores sindicalizados de los ingenios del sur de la provincia que habían participado en las protestas contra el cierre de los ingenios y la profunda crisis económica. Otras eran de las guerrillas de Montoneros y ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) y un grupo reducido, pobladores de la zona del monte que tenían despensas o almacenes y a quienes los militares acusaban de venderles mercadería a los guerrilleros. Muchos sobrevivieron: pasaron por el centro clandestino de detención la escuelita de Famaillá y luego por los penales de Villa Urquiza, Rawson, La Plata y Sierra Chica.
Albornoz tiene 84 años y está preso en el penal de Villa Urquiza por cinco condenas, cuatro a perpetua. Desde que comenzó el juicio – en el que la fiscalía busca demostrar que durante ese período se pusieron en juego los mecanismos de tortura replicados y perfeccionados en la dictadura-, se sienta detrás de los abogados defensores, junto con los otros 19 imputados por privación ilegítima de la libertad, violación y asociación ilícita. Se atreve a gritarle mentirosa a una víctima que relata cómo la violaron en un centro clandestino y a pegar patadas a un hombre más grande que él.
Desde mayo, tiene el perfil más alto. Decidió que es su momento de hablar, tal como advirtió en la audiencias preliminares. Cada vez que un testigo lo nombra, se reproduce la escena: él pide la palabra, los jueces retiran al testigo de la sala, avanza al estrado y dice: “los testigos están adoctrinados para señalarme, les han dicho que me señalen”. En los cuartos intermedios, desde la sala de prensa lo ven moverse con soltura, arengar, mover los brazos. Los familiares se acercan, le llevan caramelos y lo esperan a la salida con carteles. Los sobrevivientes lo reconocen como responsable los operativos o al frente de las sesiones de picanas y golpes.
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Haydeé Lampugnani es una de las más de 1400 testimoniantes en el juicio. Declaró hace dos semanas por videoconferencia desde Neuquén y contó la historia de su familia, atravesada por el terrorismo de Estado. En 1974, ella, su compañero Guillermo Eduardo Díaz Nieto y sus dos hijos pequeños vivían en La Plata, donde la Triple A ya había comenzado a secuestrar. A ella intentaron llevársela dos veces, una en la guardería donde trabajaba y otra en la calle. Las amenazas a la familia empezaban a ser constantes y decidieron huir rumbo a Tucumán: Guillermo fue primero a preparar la casa en la que se encontrarían; ella y los chicos viajaron a la finca de los abuelos paternos en Los Ángeles, la precordillera de Catamarca.
Guillermo los buscó en auto y los llevó hasta San Miguel de Tucumán. Durmieron en una pensión porque aún no habían alquilado una casa. Vivieron los últimos meses siendo muy cautelosos con los horarios: un minuto de más era motivo de preocupación. El 8 de febrero de 1975 desayunaron juntos y acordaron verse al atardecer. Haydeé se quedó en casa con los chicos y Guillermo salió. Cuando no apareció, ella supo que había pasado lo peor y salió a buscarlo. Más tarde descubriría que lo secuestraron junto a otros dos integrantes de Montoneros, Pedro Antonio Medina y José Teodoro Loto.
El 5 de marzo – más de un año antes de que comenzara el golpe- los militares hicieron explotar un auto con cuatro cadáveres: tres varones que coincidían con el perfil de Guillermo y sus compañeros y una mujer. Desde el gobierno municipal mandaron a pintar las paredes de la calle: los empleados contaron que juntaron restos humanos y los llevaron al departamento de criminalística. Esa línea nunca se investigó y Guillermo continúa desaparecido. Tenía 27 años la última vez que lo vieron con vida.
El papá de Guillermo, Mardoño Rafael Díaz Martínez, fue uno de los primeros en buscar a su hijo. Presentó un hábeas corpus ante la justicia tucumana: la respuesta que no reconocía el paradero de su hijo estaba firmada por el entonces juez federal Manlio Torcuato Martínez. Es uno de los pocos magistrados condenado por encubrimiento, abuso de autoridad, privación ilegítima de la libertad y asociación ilícita en el marco del genocidio.
Mardoño viajó a La Plata a ver a Haydee y los chicos – que habían vuelto a la ciudad- y se reunió con el sobrino de Monseñor Plaza, Juan Domingo “Bocha” Plaza. Los militares los siguieron y los secuestraron a ambos. El hombre de 57 años pasó veinte días detenidos y compartió cautiverio con los adolescentes secuestrados en la Noche de los lápices. Dos semanas más tarde se la llevaron a Haydee: pasó casi dos años y recorrió el Circuito Camps, La Perla, Campo de Ribera, la penitenciaría de Córdoba y la cárcel de Devoto. Los niños -que tenían cuatro y cinco años- volvieron a Catamarca. Al año siguiente, Mardoño falleció de un ACV.
Haydeé se enteró lo de los “héroes del Operativo Independencia” esta mañana, le avisó por mail uno de sus hijos. “Me quedé sorprendida con el desfile de genocidas. Es el trasfondo muy claro de otro proyecto económico que tiene motivaciones similares al golpe. Están dadas las condiciones para que hagan estas escenas”, dice. El hombre acusado de desaparecer al padre de sus hijos volverá a estar sentado en el banquillo ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán. Su espíritu de revancha se habrá fortalecido con las escenas del último fin de semana.
Fuente: Cosecha Roja
