Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas pidieron este miércoles al Gobierno de Mauricio Macri “una solución definitiva al conflicto interprovincial del Río Atuel, que garantice el acceso equitativo al agua y respete los derechos humanos de las miles de personas afectadas desde hace seis décadas”.
Las partes en el conflicto son los Estados provinciales de Mendoza y La Pampa.
Los expertos de la ONU exhortaron a ambos gobiernos provinciales a “cumplir con el fallo de 1987 de la Corte Suprema de Justicia que reconoce la interprovincialidad del Río Atuel y las insta a que regulen la utilización del agua de forma compartida, garantizando un caudal mínimo en el tramo inferior del río”, informó el organismo internacional mediante un comunicado fechado en Ginebra, Suiza.
“El Gobierno de Argentina tiene que tomar medidas urgentes para proteger los Derechos Humanos de los residentes de las comunidades rurales de la provincia de La Pampa que han vivido durante décadas sin acceso adecuado al agua”, dijo el relator especial de la ONU sobre el agua y el saneamiento, Léo Heller, al hacer notar que “recientes desarrollos judiciales han dejado en evidencia la persistencia del problema”.
El último de los brazos del Río Atuel, compartido por las provincias de la Pampa y Mendoza, se secó tras la construcción del embalse El Nihuil en 1947, financiada por el Gobierno Nacional, resumió el diario pampeano La Arena. En 2008 hubo un principio de acuerdo entre los entonces gobernadores Oscar Jorge, en La Pampa, y Celso Jaque, en Mendoza, pero la Legislatura mendocina bloqueó el pacto en sintonía con las presiones surgidas en el Sur provincial para evitar la cesión de agua a la provincia vecina.
La Arena consideró que El Nihuil se construyó en San Rafael sin tomar medidas preventivas para evitar el grave impacto que tuvo en la población de La Pampa, donde 30.000 kilómetros cuadrados se vieron afectados por la desaparición del humedal y una pérdida significativa de una fuente de agua potable y para la agricultura, la ganadería y la pesca, recordó la oficina de la ONU, añadió el matutino de la provincia vecina, en la que hay un movimiento histórico por la recuperación del agua perdida.
Según Heller, “los gobiernos provinciales y el gobierno nacional no se han comprometido lo suficiente para garantizar una solución adecuada a la dramática situación causada por la falta de agua en el oeste de La Pampa. Incluso, se puede constatar que, desde la construcción del embalse, se ha tolerado el uso unilateral del Atuel por parte de la provincia de Mendoza, sin preocuparse por los efectos negativos en las víctimas”.
Por su parte, la relatora especial del organismo sobre el Derecho a la Alimentación, Hilal Elver, expresó su “grave preocupación ante el éxodo poblacional en la zona oeste de La Pampa debido a la desecación del Atuel”.
La falta de agua ha contribuido a la salinización del agua restante, lo que ha provocado escasez de forraje para el ganado, la muerte de animales así como la degradación del suelo, que tiene efectos negativos en la agricultura, observó la ONU.
“Esa situación contradice rotundamente la obligación del Estado de respetar, proteger y realizar el derecho humano a una alimentación adecuada”, advirtió Elver, al señalar que “el Estado no debe adoptar medidas de ningún tipo que tenga por resultado impedir el acceso a alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos”.
Sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia de 1987, los expertos de la ONU indicaron que “los gobiernos provinciales y el gobierno nacional no han logrado cumplir con las provisiones de esta decisión. Otro problema aún más grave es que el cumplimiento de los Derechos Humanos de las víctimas no ha sido el objetivo principal de los poderes públicos, lo que hace que se siga impidiendo el acceso de las comunidades afectadas al agua potable necesaria para usos personales, domésticos, para la producción de alimentos”.
Tras pedir que se “evite la perpetuación del conflicto interprovincial que implica la denegación del derecho humano al agua”, recordaron los expertos internacionales que “la principal obligación de garantizar los Derechos Humanos para todos es del Estado”.
Los relatores especiales se pronunciaron sobre este caso en sendas comunicaciones oficiales enviadas al gobierno nacional en 2014 y 2015. Según la información, “las autoridades argentinas respondieron a los expertos en 2015 sugiriendo su confirmación de las presuntas violaciones”.
Fuente: La Arena
