Elián Japaz, presidente del Ente Regulador Eléctrico (EPRE), llamó a los mendocinos a pagar las boletas de la luz con los aumentos dispuestos más allá de las actuaciones judiciales que frenaron el tarifazo resuelto por Mauricio Macri a nivel nacional.
La recomendación del titular del organismo de control fue sustentada en una explicación técnica que desembocó en una conclusión: hay que pagar y si luego por decisión de la Justicia se define que el aumento no correspondía las empresas deberán librar ordenes de compensación en las boletas venideras.
"Yo recomiendo abonar la factura porque hay parte del servicio que se tiene que mantener, se tiene que seguir prestando el servicio. Y bueno si hay algún tipo de reacomodamiento, el gobierno nacional lo informará", dijo el jefe del EPRE en declaraciones a la FM de la Universidad Tecnológica Nacional.
La salida práctica aconsejada por Japaz le hace un favor a las distribuidoras locales de electricidad, entre las que la más poderosa es Edemsa, que está controlada por los empresarios de medios Daniel Vila y José Luis Manzano. El resto son cooperativas y en ese rubro la más poderosa es la de Godoy Cruz, también dueña de medios y socia estratégica del Grupo de Vila y Manzano.
La tarifa de la electricidad tiene tres variables que la componen: el costo de la electricidad que es provista por Camesa, el valor agregado de distribución (VAD), que es lo cobran Edemsa y las cooperativas por llevar el servicio hasta los usuarios, y los impuestos.
En Mendoza, la boleta de la luz es más cara este año porque el peronista Francisco Pérez firmó un decreto de incremento del VAD antes de pasarle la banda de gobernador al radical Alfredo Cornejo. Ese incremento "es legal", enfatizó Japaz, porque se resolvió después de convocarse a una audiencia pública. Y está vigente porque ninguna acción judicial lo ha invalidado. Tampoco hay restricciones judiciales a la carga impositiva adherida a las boletas que pagan los usuarios.
El componente restante, que es costo de la electricidad, sufrió un incremento de precios resuelto por Macri sin la previa realización de una audiencia pública. Sobre ese incremento versa una medida cautelar de la Justicia de San Martín, de Buenos Aires. La resolución judicial deja sin efecto temporalmente el tarifazo decretado por Macri desde el 1° de febrero. El freno es por la vía cautelar, es decir, hasta que se resuelva si corresponde o no el aumento decretado para el valor de la electricidad que Camesa les vende a las distribuidoras.
Japaz consideró que esa medida judicial no debe alterar la facturación de Edemsa y las Cooperativas, al mismo tiempo que recomendó pagar las facturas que llevan implícito el aumento aplazado por la Justicia. "Hay gente que ha pagado hasta tres facturas con estos incrementos", sostuvo Japaz, al tiempo que planteó la necesidad de saber cuánto antes cómo operar con las tarifas para que las prestadoras locales puedan facturar los bimestres futuros en función de lo que quede en firme tras la intervención de los tribunales.
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