La diputada nacional de la izquierda mendocina, Soledad Sosa, acusó de "extorsión" a la empresa Ecogas durante la audiencia pública organizada por el gobierno macrista a instancias de la Corte Suprema con el fin de validar un tarifazo del 203% en promedio para el gas domiciliario. Ecogas tiene entre sus dueños al amigo presidencial Nicolás Caputo, quien es deudor millonario de Mauricio Macri, de acuerdo a la declaración jurada del fundador del Pro.
La denuncia contra la distribuidora de gas monopólica en Mendoza formulada por la diputada Sosa, del Partido Obrero, no es la primera del mismo tenor contra la empresa que tiene origen en la dirigencia del Frente de Izquierda y los Trabajadores. El diputado provincial del Partido de los Trabajadores Socialista (PTS), Lautaro Jimémez, ya había advertido en los días previos a la audiencia pública su postura contra la compañía del amigo presidencial coincidente con la manifestación de Sosa.
"Rechazamos rotundamente este tarifazo dolarizado y a libro cerrado que impone el gobierno de Macri y los gobernadores que trabajan codo a codo con las empresas privatizadas del gas. ECOGAS vino a extorsionar a esta audiencia, diciendo que si no hay tarifazo habrá mayores restricciones para la instalación del gas en las zonas Este y Sur", remarcó la diputada nacional.
"La instalacion del gas en Mendoza corre por cuenta entera del privado, es una provocación que esta empresa nos diga estar preocupada por el 32% que se abastece de garrafa, ella o kerosene", arengó Sosa contra los "abusos" de los empresarios.
"Que habrán sus libros contables a la sociedad", reclamó la dirigente izquierdista contra la excusa de las necesidades de inversión para aumentar las tarifas de las familias mendocinas.
Luego, Sosa planteó que en Cuyo se plantea por parte del Estado y las empresas monopólicas de servicios un tratamiento más dañino contra las familias que frente a las corporaciones que hacen un uso intensivo de los recursos en cuestión. En esta línea ejemplificó: "La zona cuyo tiene grandes consumidores de gas y agua y energía, como la Barrick Gold, responsable de unos de los grandes desastres ambientales y sigue siendo premiada".
Agregó que el trato diferencial lo sostuvo "antes el kirchnerismo y ahora Macri con la eliminación de retenciones a las exportaciones mineras".
Sosa consideró que "la lógica empresarial de bajos costos fue acompañada en los '90 con la privatización y dolarización de ganancias y pesificación de costos; en 2002 con los subsidios millonarios y ahora además con la tercerización laboral. Esto ha tenido consecuencias criminales como en el 2013 en la ciudad de Rosario, adonde por la negligencia y falta de mantenimiento de Litoral Gas fallecieron 23 personas y hoy sus familiares siguen exigiendo justicia".
La diputada nacional enfatizó: "Tenemos decenas de proyectos cajoneados. Planteamos la apertura de libros contables, la realización de auditorías por parte de los trabajadores, usuarios y universidades públicas, la creación de comisiones de control obrero de seguridad e higiene laboral en todas las distribuidoras y que el Estado garantice una garrafa de 10 kilos a $50".
Y para rematar, Sosa postuló: "Que paguen los responsables del vaciamiento".
