La defensa de los exjueces Otilio Romano, Luis Miret, Max Petra y Rolando Carrizo cuestionó este lunes el proceso del megajuicio que lleva más de dos años en el TOF 1 y en el que se los acusa por crímenes de lesa humanidad junto a expolicías y exmilitares. Apelaron como parte de su estrategia de defensa a la proscripción de los delitos juzgados y los parámetros internacionales aplicados a la judicialización de los crímenes de lesa humanidad.
"La vigencia de la figura de lesa humanidad fue ratificada en argentina en 1995. donde esta la prueba de esa figura para 1976, no está. Lo que se le endilga como delitos no eran tales en esa época", apuntó el defensor oficial Ramiro Dilon frente al tribunal.
"Más honesto intelectualmente sería sostener que son normas internacionales que se aplican retroactivamente", agregó.
"La ley 24309 dejó claro que los derechos de primera generación no podían ser revisados, como el artículo 18 de la Constitución, que establece la irretroactividad de la ley", señaló.
Subrayó Dilon que "los juicios de Derechos Humanos en Argentina son un espacio de expresión de ideologismo que impone a las partes la aceptación de un relato histórico desde el cual criminalizar a personas que a 40 años de los hechos no pudieron haber corrido un ápice el curso causal de las cosas".
"Los sujetos decisivos ya no están, y este juicio es tracción a sangre: necesitan llevarse puesto el principio de legalidad, de cosas juzgada y de derecho procesal", soltó en otro tramo de su defensa de los acusados por crímenes de lesa humanidad.
En su inicio de defensa, Dilon consideró que en los juicios de lesa humanidad existe "un relato criminalizador. No encontramos una plataforma acusatoria sino un juicio histórico. En los carteles de la entrada se lee 'acá se juzga a genocidas' y uno ya sabe de antemano que ingresa a un ritual".
