Una nueva ronda de argumentos de la defensa de los acusados de crímenes de lesa humanidad se escuchará en las audiencias del Megajuicio que sentó en el banquillo a los exjueces federales Otilio Romano, Luis Miret, Max Petra y Rolando Carrizo, quienes están señalados como cómplices y ejecutores del plan represivo a partir de su aporte fundamental como funcionarios de los estrados, omitiendo investigaciones o cajoneando hábeas corpus pedidos por los familiares de presos políticos.
Las dos primeras audiencias en defensa de los acusados estuvieron a cargo de Ramiro Dilon y Leonardo Pérez Videla, y sus argumentos, resumidos por el portal juiciosmendoza.blogspot.com.ar giraron en torno a:
-Pedido de nulidad del juicio por violación a la Constitución Nacional
-Pedido de nulidades de los alegatos de la Fiscalía y las querella
-Calificación de irregular a la incorporación de la asociación ilícita entre las acusaciones
-Pedido de nulidad de la acusación por hechos que ya fueron juzgados
-Pedido de nulidad de las acusaciones por imprecisas
-Calificación de delitos a hechos que fueron legales
Dilon sumó a esto el cuestionamiento a la figura de lesa humanidad para los delitos que se juzgan en el Megajuicio. “La vigencia de la figura de lesa humanidad fue ratificada en argentina en 1995. donde esta la prueba de esa figura para 1976, no está. Lo que se le endilga como delitos no eran tales en esa época”, apuntó frente al tribunal. En esa línea encaró su argumentación contra la constitucionalidad del juicio, ya que, según su óptica, viola el artículo 18, que establece la irretroactividad de las leyes.
Subrayó Dilon que “los juicios de Derechos Humanos en Argentina son un espacio de expresión de ideologismo que impone a las partes la aceptación de un relato histórico desde el cual criminalizar a personas que a 40 años de los hechos no pudieron haber corrido un ápice el curso causal de las cosas”.
Este defensor oficial, que no participó en ninguna de las 164 audiencias anteriores, calificó de cínico y perverso al fiscal Dante Vega, de psicodélicos los alegatos de los acusadores y de irregulares a los testimonios de las víctimas. De estos últimos dijo que construyeron relatos influidos por el paso del tiempo y las emociones.
Pérez Videla, en tanto, abonó una tesis según la cual no existió un plan de exterminio masivo, sino que actualmente los juicios de lesa humanidad se corresponden con un “relato” jurídico y político destinado a sostenerlos, y en ese sentido buscan un “chivo expiatorio” al señalar a los acusados.
Pérez Videla defiende a expolicías y exmilitares acusados de homicidios, secuestros, torturas, desapariciones y vejámes sexuales a presos políticos- e insistió en que existe una “imputación narrativa” que es parte de un “relato que es resistida si se hace un verdadero análisis de la historia que analice la ilegalidad dentro de la legalidad”.
Además, pidió la nulidad del alegato querellante presentado por Sergio Bonsangue en representación de la provincia de Mendoza, quien afirmó que se mostraría a favor de todos los alegatos que prosiguieran. Pérez Videla esgrimió que esto invalida totalmente el acto procesal, porque no se puede estar a favor de otros alegatos sin conocerlos y porque, según él, “no se mencionó ninguna prueba a las etapas de instrucción sino que se omitió hacer referencia a alguna norma”.
Informe Explícito: IV Megajuicio de Lesa Humanidad en Mendoza
