Por Javier Polvani
La Suprema Corte le pedirá a la Legislatura que mejore la partida para la Justicia que fijó el Ejecutivo en el presupuesto 2013, la peor respecto al total de gastos de la provincia al menos desde 2006. El gobernador Francisco Pérez justificó la merma en la pauta judicial de un punto del presupuesto en comparación con 2012 contraponiéndola a la partida para prevista para obras de la Justicia.
El presidente de la Suprema Corte, Pedro Llorente, parado al lado de Paco Pérez, con media docena de micrófono frente a su cara, puso en escena las dotes de diplomático de perfil subterráneo que cultivó en su extensa carrera como supremo al término de una reunión con el mandatario provincial para resolver el futuro de la playa de retención de vehículos San Agustín. Tomando todos los recaudos para no generar una polémica en vivo con el Ejecutivo, Llorente admitió que la partida para funcionar en 2013 que le asignó el Gobierno no lo conforma.
Los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial se encontraron en la mañana del lunes en un contexto de tensión por las reformas judiciales que empuja el Gobierno y las diferencias que calculan en tribunales que existe entre las partidas necesarias para la implementación y los montos presupuestados. Un motivo más de desconfianza para el jefe de los magistrados es el recorte de un punto porcentual respecto al presupuesto total de la provincia que produjo el Gobierno al fijar la partida de la Justicia.
En plata, un punto del presupuesto significa alrededor de $250 millones, que equivalen a un cuarto del total asignado para el Poder Judicial en el proyecto oficial de Ley de leyes. La justificación de Pérez para el tijeretazo no conforma los responsables de administrar la Justicia, quienes argumentarán en la Legislatura que con los fondos asignados no alcanza para la gestión del 2013, por más que se hagan más obras que otros años.
“Nos queda la instancia de discusión en la Legislatura respecto de la priorización de algunos temas”, reflexionó Llorente ante la consulta de EXPLÍCITO, mientras Pérez ensayó una explicación contable para la situación. “Se le aumentó un 25% como a todos los ministerios”, aseguró el mandatario, relativizando la pérdida porcentual que sufrió la Justicia.
Autarquía “suspendida”
La declamada autarquía de los Tribunales es la primera víctima de la estrechez de fondos disponibles para la Justicia. El presidente de la Suprema Corte confirmó explícitamente que “está suspendida” la iniciativa con la que el Ejecutivo respondió al permanente conflicto entre poderes por los fondos.
“Con el Ejecutivo acordamos ir estudiando los aspectos jurídicos que tiene la autarquía porque tiene aristas que puede derivar en graves problemas. No descarto que salga o no este año, pero digo que ha quedado suspendido en estos términos”, sostuvo Llorente.
Pérez ya había dicho que el Gobierno antes de concretar la autarquía prefería avanzar en la Policía Judicial y la aplicación del Código Procesal Penal en el Valle de Uco y el Sur provincial, a pesar de que la independencia financiera de los tribunales fue una prioridad durante un tramo de su primer año de gestión, cumplido el sábado.
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