Por 24 votos a 11, la Cámara Alta probó una resolución que insta al gobernador a convocar a elecciones de convencionales constituyentes en octubre. La iniciativa considera que la reforma fue aprobada en 2001, en contraposición a la jurisprudencia acuñada por la Suprema Corte de Justicia.
El Senado de Mendoza le abrió un camino hacia la realidad al sueño reeleccionista de Francisco Pérez. Este martes fue aprobada en la Cámara Alta una resolución que insta al Ejecutivo a convocar a elecciones de convencionales constituyentes en octubre considerando que la necesidad de reformar la Constitución provincial fue aprobada por la ciudadanía en la consulta realizada en 2001, cuando Roberto Iglesias buscaba la habilitación legal para intentar su reelección como gobernador.
El proyecto, que se impuso en el Senado por 24 votos a 11, desconoce la validez de la jurisprudencia sentada por la Suprema Corte de Justicia respecto al mínimo de votos favorables a la reforma que se requieren para conformar una Convención Constituyente que modifique la carta magna. Fue impulsado por el peronista disidente Gustavo Valls, quien responde al gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, en el marco de una estrategia consensuada con el Ejecutivo mendocino.
En su momento, el radical Iglesias abortó la avanzada porque el caudal de votos por el sí, aunque superó al del no, fue inferior a la mitad más uno de los electores empadronados, que fue el piso fijado por un fallo de la Suprema Corte para considerar aprobada la necesidad de modificar la Constitución, que es el paso previo ineludible para avanzar en la reforma con la convocatoria a una Convención Constituyente. La interpretación de la Corte fue cuestionada desde la política y también desde el ámbito jurídico.
La postura contraria a la jurisprudencia vigente considera que la necesidad de reformar la Constitución se convalida cuando el si consigue más de la mitad del total de los votos emitidos. Valls tomó ese fundamento para justificar el proyecto que insta a Pérez a convocar a una constituyente sin más trámites.
La resolución aprobada en el Senado no obliga al Ejecutivo a instrumentar los mandamientos del texto, como todas las resoluciones, sólo expresa un deseo de los legisladores. Pero en este caso, el instrumento legislativo tiene peso político. Expresa el aval legislativo para avanzar en la utilización del escrutinio del 2001 como base de un proceso que continuaría con la convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes, si Pérez concreta el pedido de los senadores.
En ese caso, cualquier interesado podría plantear en la Justicia la inconstitucionalidad de medida y la Suprema Corte debería analizar nuevamente si la mitad más uno de los votos que se requiere para convalidar en las urnas la necesidad de reformar la Constitución se cuenta sobre el total del padrón o sobre la cantidad de sufragios emitidos.
Intendentes sin re re
En la misma resolución, los senadores sugieren al gobernador promulgar la Ley 7.814, fruto del referéndum del 28 de junio en el que se escrutó la reforma del artículo 198 de la Constitución de Mendoza para limitar las reelecciones de los intendentes, de modo que no puedan permanecer en el cargo más de dos periodos consecutivos. El resultado de la consulta popular fue favorable a esa medida, aunque no por el margen que exige la interpretación impuesta por la Suprema Corte para modificar la carta magna.
