La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibirá este miércoles a abogados defensores de represores de la última dictadura militar, según promocionó la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia y la asociación Puentes para la Legalidad. Reclamarán en audiencia privada el otorgamiento de prisiones domiciliarias para genocidas, una concesión que no tiene licencia social, como quedó en evidencia con las multitudinarias marchas en contra del 2x1 que intentó implementar la Corte Suprema en el 2017.
La reunión será en el Salón “Seminar 421”, en Wolf Law Building, University of Colorado Law School, ubicado en 2450 Kittredge Loop Road, Boulder, Colorado, Estados Unidos y, según anticipó el portal Infobae, los referentes de los represores acudirán con un delegado del Gobierno: Ramiro Badia, de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales en materia de Derechos Humanos.
"Esta es la primera vez que la CIDH responde positivamente a las innumerables denuncias y peticiones presentadas por nuestra Asociación a lo largo de casi diez años y que, en un hecho sin precedentes, los imputados por los llamados delitos de lesa humanidad serán escuchados en su condición de víctimas del Estado", señalaron los defensores de los genocidas.
Organismos de Derechos Humanos y abogados querellantes en causas de lesa humanidad denunciaron que la administración de Mauricio Macri presionó fuerte para que el órgano de la OEA en materia de DDHH acepte este encuentro, que las ONG´s vienen pidiendo desde hace 15 años sin haber encontrado respuestas favorables hasta el momento.
Juan Cruz Hoñi, de la APDH Neuquén, adelantó que la CIDH también confirmó que atenderá al colectivo de abogados de juicios de lesa humanidad, que pedirá que no se conceda prisiones domiciliarias ni se beneficie a represores con atenuantes punitivos como al resto de los ciudadnos. "No nos han dicho la fecha pero nos confirmaron la audiencia", indicó en diálogo con radio UNCoCalf.
A su turno, Elizabeth Gómez Alcorta, del colectivo Mario Bosch, indicó: "Lo más grave de todo es la presencia de algún representante del Estado Argentino en una audiencia privada". Explicó además al portal Política Argentina: "La audiencia privada es con las partes. Por lo tanto, ¿en representación de quién va el Estado Argentino? Y en realidad es casi una pregunta retórica porque va en representación de los responsables de los crímenes de lesa humanidad”.
La agrupación H.I.J.O.S. Capital, por su parte, remarcó que las presiones de los defensores de genocidas, a diferencia de anteriormente, "ahora tienen un acompañamiento del Gobierno y eso no puede desconocerse a la hora de evaluar la reunión".
Demoras de más de un año en dos juicios
Goñi insistió, además, en la demora que los juicios de lesa humanidad llevan en Neuquén. "Hay arios procesos que están esperando, con tribunales ya asignados y ofrecimientos de prueba tanto desde el Ministerio Público Fiscal como de la querella. El Tribunal está ante una mora que nosotros ya hemos señalado en diferentes presentaciones. Es imperativo que haya audiencias porque son casos que esperan hace mas de un año".
Goñi puntualizó que se trata de las causas conocidas como “Taffarel y otros”, que lleva a juicio a 15 acusados y que "agrupa casos de Cutral Co, de las estudiantes de Trabajo Social que fueron secuestradas, desaparecidas, llevadas a Bahía Blanca, que esperan sin que el tribunal haya llamado a audiencia", indicó Goñi, y la causa Reinhold, con 8 acusados: Oscar Reinhold, jefe de Inteligencia del Comando; Jorge Molina Ezcurra, Sergio San Martín y Jorge Di Pasquale; del destacamento de Inteligencia del Ejército 182; el gendarme Emilio Sacchitella, el jefe de la represión en la zona andina e interventor rionegrino tras el golpe, Néstor Castelli; el personal de inteligencia Carlos Alberto Benavidez y Fernando Zárraga, interventor de la comuna Roca y ladero de Castelli en Bariloche.
