Mauricio Macri acaba de contraer una deuda millonaria en dólares con las petroleras que producen el gas nacional que se consume en el país. No es la única que generó con el mismo sector empresario en su gestión. Sin renegociaciones mediantes, son más de 90 mil millones de pesos si se considera el tipo de cambio oficial del viernes al cierre de la rueda.
Primero, el gobierno decidió dejar de pagar en 2017 los subsidios al gas que venían del kirchnerismo. Terminó armando un plan de pagos a ejecutar desde enero del año que viene en cuotas.
Después, el ex ministro de Energía de Macri, Juan José Aranguren ideó el año pasado su propio esquema de subsidios para las petroleras de Vaca Muerta. El gobierno viene pateando los pagos desde el segundo trimestre. Las petroleras no sacaron los pies del plato porque en definitiva la política oficial no atenta contra la renta extraordinaria del sector.
Por el Plan Gas del kirchnerismo, el gobierno estimó una deuda con las petroleras superior a los 1100 millones de dólares, con YPF como principal acreedora. El plan de cuotas que se debe implementar desde enero no tiene ejecución asegurada. En la industria corren versiones sobre un nuevo aplazamiento del pago.
El subsidio de Aranguren tiene como principal beneficiario a Tecpetrol, la petrolera del Grupo Techint, del magnate Paolo Rocca, salpicado por causas de sobornos en Argentina y Brasil. Se estimó un costo de unos 700 millones de dólares para este año con una reducción para el próximo. No obstante, la realidad arrasó con los pilares del plan de Aranguren.
El tercer paquete de deuda con las gigantes del gas y el petróleo se conforma con los costos de la devaluación para las petroleras. El gobierno decidió estatizar las pérdidas que tuvieron las empresas con la devaluación. Estableció un plan de cuotas a pagarse desde octubre del año que viene, a dos meses del final del mandato de Macri.
El presidente llegó a esa instancia luego de recular en el intento por transferir los costos de la devaluación a los consumidores. Era inviable el plan que ideó con esos fines el secretario de Energía, Javier Iguacel, una réplica a imagen y semejanza del que reclamaban las gigantes productoras de gas. Iguacel quedó golpeado por asumir la militancia de los intereses de las empresas en esta cuestión sin medir el impacto de la transferencia del problema a la billetera de los usuarios. Finalmente, la cancelación de los 20 mil millones de pesos reclamados por las petroleras se fijó en 30 cuotas desde 2019 hasta 2021.
La renta de las empresas hidrocarburíferas ganó terreno. Las petroleras venden al mercado nacional con precios en dólares, pero en sus costos no es menor la incidencia del peso nacional. Los salarios, por ejemplo, cotizan en pesos. La devaluación engordó la rentabilidad de las compañías productoras de gas y petróleo. Sus costos siguieron atados al peso, mientras sus ingresos corrieron detrás de la maratón cambiaria. Las empresas tienen margen de sobra para financiar los desequilibrios coyunturales hasta que el gobierno los corrija ya sea con aumento de tarifas o con nuevos subsidios.
