Un impuesto del 0,5 por ciento a la venta de nafta para financiar un programa del sindicato de expendedores de combustibles se coló en la negociación de María Eugenia Vidal con Sergio Massa para la aprobación legislativa del Presupuesto de Buenos Aires para 2019.
El impuesto sostendrá un fondo anual de alrededor de 20 millones de dólares, que manejará el gremio liderado por Carlos Acuña, co-conductor de la CGT. La Cámara de Diputados bonaerense le dio media sanción después de aprobar el Presupuesto 2019 de Vidal.
"La iniciativa fue consensuada entre Cambiemos y el Frente Renovador y habría surgido como prenda de cambio para facilitar la aprobación de la ley tributaria", describió el portal especializado en temas energéticos EconoJournal, a la vez que reflejó las reacciones de la industria ante el impuesto.
"En la industria petrolera sospechan que en realidad ese dinero terminará yendo a financiar campañas políticas en un año electoral clave", graficó el portal.
El artículo 1 de la ley establece que el impuesto tiene el objetivo de “promover la protección del medio ambiente, la seguridad y la salud de los trabajadores en todo el proceso de comercialización de hidrocarburos en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires”.
El artículo siguiente crea el nuevo Fondo para la Capacitación y la Tecnología aplicadas a la Comercialización de Hidrocarburos, que será controlado por el Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, Garajes, Playas de Estacionamiento y Lavaderos de autos (SOESGYPE).
La ley, además, contempla el destino de la plata recaudada a “la realización de estudios, investigaciones y procedimientos que resulten necesarios para establecer bases para el diseño, la planificación y desarrollo de acciones para la protección del medio ambiente, la seguridad y la salud de los trabajadores en todo el proceso de comercialización de hidrocarburos en el territorio de la Provincia de Buenos Aires, así como para su organización, ejecución y fiscalización”.
