El Centro de Estudios Legales y Sociales repudió el procesamiento de dirigentes de la Confederación Mapuche de Neuquén por "instigación a la usurpación" de campos en Tratayén formulada por la Fiscalía de la Provincia de Neuquén.
"La Fiscalía de la provincia de Neuquén continúa con la criminalización de los dirigentes de la Confederación Mapuche. El martes pasado impulsó un proceso penal por instigación a cometer delitos en contra de Jorge Nahuel y otros referentes del pueblo Mapuche -evaluó el CELS-. Esta causa se monta sobre otro proceso que había iniciado la Fiscalía en contra de los mismos referentes por la tenencia de armas de fuego de uso civil y que el Poder Judicial provincial, en todas sus instancias, la declaró nulas por irregularidades en el procedimiento".
"No es ninguna novedad que la Confederación tiene el deber de organizar, coordinar la fuerza de todas las comunidades para defender sus derechos frente a la usurpación histórica. Quieren juzgar la naturaleza de una organización como la Confederación. Nos someteremos al juicio", señaló al respecto Nahuel.
Agregó que "una de las cosas que pidió la fiscalía es la geolocalización de los celulares de la comunidad mapuche para demostrar que fuimos parte de ese proceso que nos acusan, Es exactamente lo que se pedía con el celular de Santiago Maldonado ara entender qué ocurrió con su cuerpo, la justicia se negó a ese elemento de prueba. Es decir que hay una justicia para ricos. Se le puede aplicar ese elemento a la confederación Mapuche pero no a Gendarmería.
"La provincia ha cumplido marginalmente su obligación de garantizar la demarcación y concesión de los títulos de propiedad comunitaria. El Comité de descolonización de Naciones Unidas mostró su preocupación por estos incumplimientos. La provincia debe satisfacer dichas obligaciones constitucionales sin criminalizar a los líderes de las comunidades en procesos de reivindicación de derechos", insistió el CELS.
Este último párrafo fue en referencia con el exhorto de la ONU en el que manifestó su preocupación por la criminalización de las comunidades originarias en Vaca Muerta mientars se avanza con los proyectos extractivistas.
“Se han reportado varios casos de amenazas y violencia contra los defensores de derechos humanos de los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y comunidad LGTBI, con una tendencia a la condrontación violenta y la criminalización a quienes solicitan la restitución de los territorios indígenas”, indicó el organismo internacional.
En el informe se remarca la necesidad de respetar el territorio de las comunidades indígenas y le recuerda al Estado Argentino la necesidad de respetar la prohibición del desalojo de las mismas. Manifiesta en ese sentido su preocupación “por la falta de cumplimiento integral del relevamiento de comunidades aborígenes, la demarcación de sus territorios y la prohibición de desalojo de tierras de comunidades indígenas dispuesto por la Ley 26.160”.
La ONU pidió “reconsiderar” el fracking en Vaca Muerta por los impactos negativos en el ambiente
