Amazonas: Sudamérica en llamas

Por Bárbara Ester
Para Celag.org

Hace más de un mes que el Amazonas arde. El fuego ha calentado el escenario político nacional e internacional. El hashtag #PrayforAmazonas fue tendencia mundial en Twitter mientras miles de hectáreas eran arrasadas por un incendio voraz. La noticia se hizo viral cuando la NASA, a través de su plataforma de Información sobre incendios para el sistema de gestión de recursos (FIRMS, por sus siglas en inglés) mostró una imagen satelital con los focos activos. Sudamérica estaba en llamas.

Bolsonaro aviva las brasas de la explotación amazónica

El incendio se inscribe en las promesas de campaña de Jair Bolsonaro: explotar el potencial económico de la Amazonía, haciendo caso omiso de las advertencias respecto de las consecuencias de la deforestación que generan las políticas de flexibilización ambiental que él promueve. En este sentido, las medidas pretendidas por el Gobierno brasileño guardaron un correlato con la reestructuración institucional: el fallido intento de la fusión del Ministerio de Agricultura con el de Medio Ambiente; la apertura de las reservas indígenas protegidas por la Constitución a la explotación forestal y minera; el cese de la demarcación de tierras indígenas y el traslado de esa responsabilidad al Ministerio de Agricultura (quitándosela a la Fundación Nacional del Indio, FUNAI, dependiente del Ministerio de Justicia)[1]; el cierre del Departamento de Bosques y la Lucha contra la Deforestación; y de la Secretaría de Cambio Climático y Bosques, por parte del Ministerio de Medio Ambiente.

Asimismo, el director del Instituto de Investigación Espacial (INPE), Ricardo Galvao, fue despedido después de una disputa con el presidente. El funcionario defendió los datos satelitales que mostraban que la deforestación era un 88% superior a la del año anterior. La polémica se inició el 19 de julio, cuando Bolsonaro, un acérrimo escéptico del cambio climático y partidario de la apertura de áreas protegidas a actividades agrícolas, puso en duda datos del INPE[2]. La postura de Bolsonaro frente a la devastación de la Amazonía guarda relación con el apoyo electoral de sectores vinculados con la explotación primaria, entre ellos, los integrantes de la bancada legislativa conocida como BBB (Biblia, Bala, Buey) quienes, además, se abren espacio en la evangelización neopentecostal en el territorio, atentando contra la cultura local.

La pérdida de bosques sigue siendo uno de los mayores problemas ambientales en América del Sur. Los datos más recientes muestran que, lejos de detenerse, la deforestación tropical sigue su marcha y aumentó en la Amazonia. La principal causa de la deforestación es el avance de frontera agrícola. En algunos países, como Colombia y Perú, la deforestación también obedece a cultivos ilegales de hoja de coca. Otro riesgo para la Amazonia es la minería legal e ilegal, que causa importantes daños debido a la tala de árboles y los químicos empleados, como el mercurio, para extraer oro y otros minerales, que contaminan ríos y suelos.

Sólo en 2018, se perdieron alrededor de 12 millones de hectáreas de vegetación en las regiones tropicales. Esto equivale a 30 campos de fútbol por minuto, según el reciente informe Global Forest Watch, del Instituto de Recursos Mundiales. Entre la lista de los 10 países más deforestados del mundo, Brasil encabeza la lista con una pérdida de más de 1,3 millones de hectáreas en 2018, seguida en la región por Colombia (4°) Bolivia (5°) y Perú (7°).

Las llamas y los pueblos indígenas

No solo se trata de un ecocidio; el avance del capital privado tiene como correlato el genocidio de los pueblos indígenas. El Gobierno de Bolsonaro cortó de cuajo importantes conquistas de los pueblos indígenas: por decreto redujo un 90% el presupuesto de la FUNAI, ya de por sí limitado, actualmente opera con el 30% de su fuerza de trabajo y en condiciones precarias, recrudeciendo la violencia por el conflicto territorial. El último informe de Human Rights Watch advierte que los perpetradores de violencia en la Amazonía brasileña rara vez son llevados ante la justicia. Ya son más de 300 asesinatos vinculados con conflictos relacionados con el uso de la tierra y los recursos en la Amazonía que la Comisión de Tierras Pastorales ha registrado desde 2009; y sólo 14 de ellos han sido llevados a juicio[3].

En este sentido, la implementación del derecho a la consulta previa, libre e informada (inserta en el Convenio OIT número 169 y el artículo número 21 de la Convención Americana por los Derechos Humanos) respecto del ingreso a sus tierras para desarrollar alguna actividad económica o extractiva[4] en países de la región es trascendente en el camino de reconocimiento,  y participación de los pueblos originarios. También es un derecho constitucional y humano, inalienable e irrenunciable. Dicho Convenio ha sido ratificado por varios países de América Latina, como Bolivia, Perú, Colombia, Brasil, Ecuador, Guyana y Surinam. Sin embargo, solo Bolivia y Ecuador reconocen el derecho a consulta en su Constitución. Las voces disidentes con los proyectos gubernamentales o la iniciativa privada en cuanto a la intervención económica en territorios indígenas muchas veces son silenciadas; los asesinatos de líderes indígenas y defensores de la tierra son habituales en la región, según el último informe de  Global Witness “Enemies of the state?”[5] En 2018 se reportó el asesinato de 164 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, lo que significa un promedio de más de tres asesinatos por semana. Filipinas (30), seguida por Colombia (24), India (23) y Brasil (20) encabezan el triste ranking, con el 90% de impunidad en dichos casos. Al respecto nada más elocuente que las palabras de Bolsonaro en la última campaña electoral:

Incendios, política y geopolítica

El incendio alcanzó a la política de cada uno de los países que conformaron la Cumbre del Amazonas, celebrada el 6 de septiembre en Leticia (Colombia) a instancias del presidente Iván Duque. Los mandatarios de Perú (Martín Vizcarra), Ecuador (Lenin Moreno), Bolivia (Evo Morales) y el anfitrión, junto a delegados de Surinam y Guyana, contrastaron con la “incendiaria” ausencia de Jair Bolsonaro. No obstante, Brasil envió una delegación que también firmó el acuerdo y el mandatario intervino por videoconferencia. Venezuela -con quien Colombia mantiene sucesivos roces fronterizos- y Francia -que posee una colonia en el con territorio amazónico en el continente-, no fueron invitadas al evento.

Los resultados de la Cumbre fueron escuetos y se centraron en una serie de promesas y compromisos de largo alcance, entre ellos:

• La creación de una Red Amazónica de Cooperación: los siete países se comprometieron a articular sus sistemas de prevención y atención de desastres para atender de forma más efectiva las emergencias de impacto regional. Esta solución no es novedosa, ya que existían acuerdos previos como el Tratado de Cooperación Amazónica[7] suscripto en Brasilia el 3 de julio de 1978 por ocho países amazónicos (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela) en el marco de la conformación de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA). Se trató de un instrumento jurídico de naturaleza técnica con miras a promover el desarrollo armónico e integrado de la cuenca, como base de sustentación de un modelo de complementación económica regional que contemple el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y la conservación y utilización racional de sus recursos. En un primer momento, el presidente de Colombia, Iván Duque, manifestó su intención de crear un pacto presidencial amazónico, pero luego tuvo que anunciarlo como cumbre cuando le explicaron que tal instancia ya existía y que Colombia era miembro fundador. Algo similar esbozó Martín Vizcarra. Por su parte, Jair Bolsonaro afirmó que solo asistiría si le garantizaban que Venezuela no formaría parte, para finalmente cancelar su presencia. El presidente Evo Morales intentó activar un encuentro ministerial en el marco del tratado de 1978. La actual secretaria general de la OTCA es Alexandra Moreira, ex ministra del ambiente en Bolivia entre 2015-2017. Estaban las condiciones ideales para que desde Bolivia se asumiera el protagonismo para encaminar el apoyo internacional, pero esto no sucedió en parte porque el foco principal del problema se concentra en territorio brasilero y bajo el controversial gobierno de Bolsonaro[8].
• Atención a las zonas afectadas por incendios y minería ilegal: con la intención de restaurar, rehabilitar y reforestar aceleradamente los lugares degradados por incendios forestales y actividades ilegales, así como recuperar los ecosistemas y las especies que se han visto afectadas. Sobre este punto no queda clara la fuente financiera y el compromiso económico por país, con el riesgo evidente de que pudiera quedar en una medida sin recursos. Tampoco sobre los órganos de contraloría y su posibilidad de efectiva presión sobre los Estados.
• La creación de un sistema de alertas tempranas: intercambiar información para mejorar el seguimiento que hacen al clima, la biodiversidad, los recursos hídricos e hidrobiológicos, todo bajo un enfoque de cuenca hidrográfica.
• Vigilancia del clima y la biodiversidad: sin concretar qué se vigila, cómo se vigila y para qué se vigila. Un punto que pareciera meramente declarativo.
• Uso sostenible de los ecosistemas: promover las cadenas de valor y otros enfoques de producción sustentable, incluidos los que están basados en la biodiversidad.
• Empoderamiento de mujeres indígenas: este punto resalta el rol de las mujeres amazónicas como guardianas de los recursos naturales, la biodiversidad y el uso responsable de los mismos, pero nuevamente pudiera quedar en una mera declaración de intenciones.
• Educación: la articulación de campañas para crear “conciencia sobre el rol y función” de la región, así como dar a conocer cuáles son los restos y amenazas que enfrenta la protección de los bosques y de los conocimientos de las comunidades que viven allí.
• Fortalecimiento de mecanismos financieros: trabajar en la recaudación de fondos de manera conjunta, aunque la decisión última depende de cada gobierno nacional.

Antes de la cumbre, Bolsonaro ya había decidido negarse a asistir al G7 y creó fricciones con los gobiernos de Alemania, Noruega y Francia con sus declaraciones renuentes a la protección de los territorios amazónicos y sus habitantes, llegando a poner en riesgo el acuerdo Mercosur – Unión Europea. El punto álgido de las tensiones se evidenció cuando el presidente francés Emanuel Macron, calificó la Amazonia brasileña como un “bien común universal”. El diario El País, de España, calificó de “holocausto ambiental” la situación en Suramérica, y comenzaron a entrar en la palestra político-mediática los conceptos de “soberanía” en cuanto al daño ambiental y la internacionalización de la gestión de su preservación y daños. Las campañas de repudio masivo en el mundo caldearon aún más el clima, y Bolsonaro denunció “intervención” en la soberanía de Brasil.

Más allá de las diatribas nacionalistas del mandatario brasileño -cuya raíz se encuentra en la primera fase de la dictadura del país (1964-1984), con un balance oficial de 8.350 indígenas asesinados para, según los entonces generales, proteger las fronteras nacionales, lo cierto es que el Gobierno brasileño ha asumido una actitud colaborativa para con los Estados Unidos.

Los cancilleres de ambos estados, Mike Pompeo y Ernesto Araujo, respectivamente, se reunieron en Washington y acordaron un fondo -proveniente del sector privado- de 100 millones de dólares para el “desarrollo económico responsable”, aún cuando estas dos administraciones han cuestionado lo que califican como “la dictadura del cambio climático”, a contramano de toda evidencia científica.

Que vivimos una emergencia climática global hoy es un hecho atestiguado por las catástrofes ambientales que vemos sucederse en todo el mundo. Lo que no sabíamos es que tendríamos que enfrentar esta amenaza global con un personaje anacrónico y que aborrece la diversidad humana, cultural y ambiental como Jair Bolsonaro al frente del gigante sudamericano.

Fuentes: