En un comunicado sobre la situación carcelaria de Mendoza en el contexto de la pandemia, el Espacio para la Memoriay los Derechos Humanos exD2 (EPM exD2) cuestionó el discurso de Rodolfo Suarez ante la Asamblea Legislativa "colocándose por encima de la Justicia para determinar qué sucederá con los presos que solicitaron prisión domiciliaria", remarcaron.
"Se asienta en una clara demagogia que lesiona la división de poderes y, por ende, la propia democracia", remarcaron sobre el tramo del discurso en el que el mandatario llamó "sacapresos" a los abogados que tramitan los pedidos de domiciliaria.
En línea con el discurso punitivista de su antecesor, y de su propio gobierno, el gobernador se subió sobre el cierre del discurso a la discusión por las cárceles y fustigó a lo que llamó los “sacapresos” que, dijo “viven pidiendo prisión domiciliarias y excarcelaciones con cualquier excusa, por ejemplo ahora invocando el riesgo de coronavirus”. No abordó, en ese sentido, las prisiones domiciliarias otorgadas a los represores en Mendoza, que lidera esa tendencia.
“En Mendoza las condenas se cumplen. Las cárceles de Mendoza son lugares de aislamiento seguro, donde las poblaciones tienen control sanitario seguro”, sostuvo el mandatario, quien días atrás afrontó protestas en las cárceles de Boulogne Sur Mer y de El Borbollón por nulas medidas sanitarias para prevenir el contagio, entre otros reclamos.
Asimismo, señaló el EMP, "vemos con preocupación la doble vara utilizada por algunos actores sociales y medios de comunicación para abordar las prisiones domiciliarias otorgadas a los genocidas y las posibilitadas a otros detenidos por delitos menores".
Domiciliarias a genocidas
En paralelo al discurso de Suarez, se conoció que Mendoza lidera la cantidad de prisiones domiciliarias otorgadas a represores.
De las 25 prisiones domiciliarias otorgadas a condenados o procesados por delitos de lesa humanidad en Argentina, 9 fueron despachadas en Mendoza, y sumando una en San Juan Cuyo es la jurisdicción que lleva la delantera en este beneficio en el marco de las prevenciones por la pandemia.
En ese sentido, sigue el comunicado del EPM, "sorprenden dos cuestiones aquí. La primera es que la Justicia Federal, en particular la de Cuyo, ha dado una gran cantidad de domiciliarias a genocidas desde el primer momento de la pandemia. Es decir, el delito más grave de la escala penal, ha recibido una morigeración de la prisión sin mucho vericueto y sin ningún tipo de manifestación social y política en contra de estas ¿Tenemos acaso una doble vara? ¿Nos parece más grave que una persona por hurto o robo vaya a su casa que que lo haga un genocida? De ser así, esto nos debe llamar a una profunda reflexión ética, social y política".
Y sigue el comunicado: "¿Es este un tema que deba resolver un gobernador o el Poder Ejecutivo de cualquier nivel? La respuesta republicana es que no. Cualquier domiciliaria o libertad es una cuestión netamente jurídica y es el Poder Judicial el encargado de ello. Por lo que que un gobernador exprese que no liberarán presos de manera masiva -o a nadie- es una cuestión que funcionalmente le excede, pero además se asienta en una clara demagogia que lesiona la división de poderes y, por ende, la propia democracia".
Por último, la Justicia debe darle domiciliaria o libertad a quien corresponda, teniendo en cuenta la particular vulnerabilidad frente al contagio viviendo en hacinamiento y encierro. Y aquí, además de justicia, se requiere humanidad. Tanta humanidad como nuestra compañera Silvia Ontivero ha demostrado acordando con la domiciliaria de quien asesinó a su hijo Alejo. Tanta ética y humanidad como se requiere tenga la sociedad, la política, la justicia y los medios de comunicación.
Los organismos de derechos humanos nos identificamos en esta humanidad, en esta búsqueda incansable de justicia contra toda pretensión de venganza. No bajamos esta bandera frente a ningún contexto, pues es en esos valores en los que la memoria se asienta y fortalece. La situación carcelaria es parte de nuestra lucha, esta que sostenemos hace más de 40 años: una lucha incansable por la protección y defensa de los derechos humanos, por memoria, verdad y justicia.
