Organismos de Derechos Humanos denunciaron este miércoles que Rodolfo Suarez intenta desmantelar la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia (DDHyAJ) a través del proyecto de ley de equiparación de cargos en el Estado, que este martes obtuvo media sanción en el Senado.
Quienes forman el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos exD2 fustigaron la iniciativa del mandatario "presentada socialmente como el fin de los provilegios en el Poder Judicial", y a la cual se opusieron el Frente de Todos, el Frente de Izquierda, el Partido Intransigente y Protectora porque el oficialismo le hizo cambios de último momento en el despacho de comisión para "salvar a 60 empleados" que responderían a Suarez.
La propuesta, en teoría, implica que se supriman los cargos equiparados a magistrados en el Poder Judicial de la Provincia. Sin embargo, a última hora el oficisliamo modificó las plantillas de quienes estarían afectados por la norma, dejando a 60 judiciales afuera.
Señalan los organismos que "la ley, tal como está planteada y ha sido aprobada, deja sin trabajo a dos mujeres profesionales y de probada experiencia, abogadas que accedieron a sus cargos actuales mediante debido concurso. Se trata de las Directora y Subdirectora de la DDHyAJ, respectivamente". Se trata de las abogadas Milagros Noli y Eleonora Lamm.
"Esta ley supone el posible desmantelamiento del área o por lo menos su desjerarquización; política que el gobierno provincial sostiene en materia de derechos humanos desde la gestión anterior", agregaron.
En la misiva atribuyen el proyecto a una línea de constante avanzada, primero de Alfredo Cornejo, y luego de su sucesor, Rodolfo Suarez, contra el área de DD.HH. Enumeraron en ese sentdo: "Desjerarquizó lo que era la Subsecretaría de Derechos Humanos dejándola en el rango de Dirección; la derogación del decreto 499/14 de creación del EPM exD2; el claro ordenamiento político de no tratar el proyecto de Ley presentado por los Organismos de Derechos Humanos para dar existencia y sustento a nuestro EPM exD2; el proyecto de reforma de la ley del mecanismo local de prevención de la tortura –organismos que también integra nuestro Consejo Directivo- y se encuentra en serio peligro de ser de desarmado por completo".
También hicieron foco en la "falta de participación del gobierno como querellante en los juicios de lesa humanidad; la decisión de no conformar el órgano de revisión de la ley de salud mental, entre tantas otras medidas de claro avance contra las políticas de derechos humanos".
Este es el comunicado completo de los organismos:
Los Organismos de Derechos Humanos que conformamos el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos exD2 queremos manifestar nuestra preocupación por el proyecto de ley que el gobierno provincial envió a la Legislatura para ser tratado, que ya fue aprobado con los votos oficialistas de la cámara de Senadores y que presentan socialmente como el fin de los privilegios en el Poder Judicial.
No es intención emitir opinión sobre cuánto deben ganar los y las trabajadoras, funcionarias/os o magistrados/as del Poder Judicial, sino señalar que dicho proyecto afecta seriamente el funcionamiento de un área de derechos humanos que también forma nuestro EPM exD2: la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia (DDHyAJ).
La ley, tal como está planteada y ha sido aprobada, deja sin trabajo a dos mujeres profesionales y de probada experiencia, abogadas que accedieron a sus cargos actuales mediante debido concurso. Se trata de las Directora y Subdirectora de la DDHyAJ, respectivamente. Esta ley supone el posible desmantelamiento del área o por lo menos su desjerarquización; política que el gobierno provincial sostiene en materia de derechos humanos desde la gestión anterior.
La DDHyAJ integra el EPM exD2 desde el mismo momento de la entrega parcial del ex centro clandestino de detención y tortura a los organismos de derechos humanos. Es parte del Consejo Directivo y trabaja sostenidamente en las comisiones, proyectos y actividades del Espacio. Su posible desguace representa para el EPM exD2 la posibilidad de que uno de sus integrantes fundadores se pierda.
Durante todos estos años de funcionamiento de la DDHyAJ hemos trabajado conjuntamente en políticas de memoria, en la defensa de los derechos de las personas privadas de su libertad, de las personas con problemáticas de salud mental así como en el acompañamiento en los juicios por delitos de lesa humanidad.
Por otra parte, las personas que ocupan la Dirección han accedido a esos cargos por concurso público y de antecedentes, su formación y trayectorias personales avalan su ingreso, han sido puestas a consideración de un tribunal.
En Mendoza, la gestión política actual -al igual que la anterior- han avanzado sostenidamente contra las áreas de derechos humanos: desjerarquizó lo que era la Subsecretaría de Derechos Humanos dejándola en el rango de Dirección; la derogación del decreto 499/14 de creación del EPM exD2; el claro ordenamiento político de no tratar el proyecto de Ley presentado por los Organismos de Derechos Humanos para dar existencia y sustento a nuestro EPM exD2; el proyecto de reforma de la ley del mecanismo local de prevención de la tortura –organismos que también integra nuestro Consejo Directivo- y se encuentra en serio peligro de ser de desarmado por completo; la falta de participación del gobierno como querellante en los juicios de lesa humanidad; la decisión de no conformar el órgano de revisión de la ley de salud mental, entre tantas otras medidas de claro avance contra las políticas de derechos humanos.
Asimismo, vemos desde hace tiempo con preocupación el avance contra el Poder Judicial, el intento de reforma y cooptación de la Suprema Corte de Justicia. El partido gobernante cuenta con mayorías propias en la legislatura y es la Justicia el último espacio no enteramente conformado por este gobierno. Se trata entonces de un intento antirrepublicano que debe ser visibilizado por los altos riesgos institucionales y políticos que conlleva.
Dentro y fuera de la Corte hay interesados en tener el Poder Judicial a su disposición, así como el control de todos los cargos jerárquicos que administran este Poder. Nos preguntamos, entonces, para ponerlos al servicio de quién o de qué intereses.
Finalmente, es nuestra intención expresar nuestra seria preocupación por este avance contra las políticas de Derechos Humanos y contra la Justicia, que -bajo pretendidos discursos de eficiencia y transparencia- lo que evidencia son lógicas de poder hegemónico, prácticas lesivas de derechos y garantías, y políticas de ajuste.
Esperamos que esta preocupación sea escuchada y atendida por funcionarixs y legisladorxs, somos directxs afectados como Espacio; y doblemente como ciudadanxs y militantes de derechos humanos.
Esperamos también que nos apoyen con la difusión de este Comunicado.
Organismos de Derechos Humanos del Consejo Directivo del EPM exD2
