La “Ley Semáforo sanitario” no pudo ser tratada antes de la fecha límite que imponía el DNU firmado por Alberto Fernández que vence este viernes 11, y ahora deberá prorrogar el decreto que regula la administración de la pandemia de coronavirus.
Según fuentes gubernamentales, ante la posibilidad de que no sea incluido en la sesión por falta de consenso, el Gobierno evaluaba esta tarde emitir un nuevo decreto -que estaría vigente a partir del sábado 12- y que repetiría el esquema actual de "semáforo" epidemiológico para limitar la circulación de personas en las jurisdicciones más complicadas por los contagios.
Desde el bloque del Frente de Todos conducido por el diputado Máximo Kirchner, explicaron: “Nosotros estamos trabajando como siempre en buscar soluciones y llegar a los consensos necesarios para avanzar con el Proyecto de Ley de Parámetros Epidemiológicos y Sanitarios Regulatorios de la Emergencia Covid-19”.
“Avanzamos con el dictamen hoy -este jueves 10- en la plenaria de comisiones, pero no podemos tratarlo porque es continuación de la sesión anterior y necesitamos 2/3 para incorporar al temario”, detallaron.
En ese sentido, señalaron: “Creemos que la voluntad de diálogo del bloque quedó demostrada una vez más por ejemplo con la convocatoria a los laboratorios” que producen vacunas contra el Covid-19.
“Nosotros nunca quisimos imponerlo, eso fue instalado por legisladores de la oposición para desviar el eje de lo verdaderamente importante que es que hoy vamos a corregir desastres que hicieron con la tarifa de gas durante el gobierno de (Mauricio) Macri donde se incrementó la pobreza energética de millones de argentinos y argentinas”.
Desde la otra vereda, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara baja, Mario Negri, afirmó que “la ley de Superpoderes no está en el plan de labor de la sesión de hoy, pese a que tuvo esta mañana dictamen de mayoría del oficialismo. Esa mayoría de firmas en el despacho no expresa una mayoría en el recinto”, explicó el diputado radical.
En Pasos Perdidos, Negri manifestó: “Si el kirchnerismo quisiera incorporar este proyecto a la sesión precisa una mayoría agravada de tres cuartos, lo cual se le torna imposible ya que Juntos por el Cambio rechaza esta iniciativa”.
“El Gobierno nacional debería buscar un acuerdo federal, no pedir más facultades. El Gobierno tiene la emergencia sanitaria desde diciembre de 2019 y sacó un centenar de decretos de necesidad y urgencia y de delegación legislativa. Debe escuchar más, debe abrirse más frente al enorme problema que estamos atravesando. Estamos llegando a 85.000 muertos y 4 millones de contagiados. Pero si elige el camino de la confrontación lo que obtendrá es un semillero de planteos de inconstitucionalidad, cuando la Corte Suprema ya dijo de qué manera debe actuar”, cerró Negri.
El proyecto
La iniciativa que se busca aprobar reúne los criterios sostenidos en los DNU firmados por el Poder Ejecutivo desde el inicio de la pandemia, y hace hincapié en las reuniones sociales, el control del número de camas de terapia intensiva y el dictado de clases presenciales.
Entre otras cuestiones, establece una serie de parámetros para definir las medidas restrictivas en los centros urbanos de acuerdo con los riesgos: bajo, mediano, alto y "Situación de Alarma Epidemiológica y Sanitaria" que se aplicarán en todo el país.
El proyecto mantiene el dictado de clases presenciales y las restringe en aquellas zonas en "situación de alarma".
En las urbanizaciones con "alarma epidemiológica y sanitaria" se suspenden los centros comerciales y ferias, los locales gastronómicos, la práctica recreativa de deportes grupales de contacto en espacios al aire libre, los gimnasios y la circulación entre las 19 y las seis de la mañana.
También se suspenden las reuniones sociales en domicilios particulares; las reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de diez personas; la práctica recreativa de deportes en establecimientos cerrados; las actividades de casinos, bingos, discotecas y salones de fiestas; la realización de todo tipo de eventos culturales, sociales, recreativos, religiosos y de cualquier otra índole en lugares cerrados que impliquen concurrencia de personas.
Asimismo, establece que los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, según corresponda, podrán suspender en forma temporaria las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales conforme a la evaluación del riesgo epidemiológico, de conformidad con la normativa vigente.