La Suprema Corte de Justicia rechazó el recurso extraordinario presentado por la Comunidad Lof Suyai Levfv contra el fallo de la Cámara Civil de San Rafael, que había revocado un fallo de primera instancia que suspendía el desalojo de familias mapuches de puestos de Los Molles, en Malargüe.
El juez de primera instancia resolvió aplicar la Ley de Orden Público N°26.160 que suspende los desalojos de las comunidades indígenas en todo el territorio nacional, pero luego la Cámara Civil rechazó el fallo.
Esas tierras son reclamadas por integrantes de familias con conocidos apellidos en el sur que pretenden desarrollar en la zona un emprendimiento inmobiliario. Se trata de Jorge Luis Lucchesi, Nelia Lambardi de Lucchesi, Clara Delfina Bombal y María Rosa Aldao, quienes pretenden sacar de allí a Elio López, integrante de la comunidad mapuche, y a su familia.
Se lee en el fallo que "en el oficio diligenciado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) se informa que la comunidad Lof Suyai Levfv, perteneciente al Pueblo Mapuche, ubicada en el Departamento de Malargüe, se encuentra tramitando la inscripción de su personería jurídica en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.Ci) del INAI mediante Expte. N° E-INAI-50529-2015. Que del análisis del expediente citado surge que el Sr. Elio D. López se encuentra formalmente censado como miembro de dicha comunidad. En relación a la ejecución del Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, Ley 26160 y sus prórrogas, se informa que no se han iniciado tareas en la Comunidad Lof Suyai Levfv".
Es decir, los López son reconocidos como miembros de la comunidad originaria, pero al no estar completo el trámite de relevamiento de comunidades ordena avanzar con el desalojo.
La comunidad prepara reclamos a nivel internacional con la CIDH por lo que consideran un atropello a los derechos indígenas en un momento en que se trata en el Congreso la prórroga de la Ley 26.160.
Mientras de estas tierras -que son codiciadas también por capitales mineros- se los amenaza con desalojarlos, no ha finalizado el relevamiento territorial de las comunidades por falta de presupuesto y recursos, por falta de convenios con las provincias.
“Por último, y no obstante que el INAI ha hecho llegar a este Tribunal su opinión acerca del presente litigio, tengo presente que a su vez ha informado en la causa no haber efectuado aún el relevamiento correspondiente a la comunidad recurrente, ni concluido el trámite iniciado por ésta (fs. 1060). Sin perjuicio de ello, no huelga aclarar que conforme las disposiciones analizadas, el derecho del Sr. López y de su familia como integrantes de la Comunidad con inscripción en trámite, queda a todo evento bajo resguardo, en tanto la propiedad indígena de la Comunidad Mapuche ya cuenta con tierras relevadas; y el Estado tiene facultad de asignar a los pueblos originarios otras alternativas, cuando no fuera posible otorgar las originales", se lee en un extracto de sentencia de Tribunal Superior de Justicia Mendoza. 02/11/2021
Una familia en una vivienda precaria
El fallo de la Suprema Corte lleva la firma de Teresa Day, Pedro Llorente y Julio Gómez (Sala 1). En un tramo del fallo se cita el informe ambiental acerca de cómo viven los López y cómo el progresivo desarrollo turístico en la zona fue dejándolos sin medios de sustento.
"Viven sobre un terreno de 2100 metros cuadrados, ubicado al ingreso del Valle de Los Molles, sobre la margen de un arroyo, donde han levantado su vivienda familiar y al ingreso cuentan con una pequeña despensa donde comercializan artículos varios. Procede a describir el estado precario de la vivienda y que se encuentran aislados debido a la ausencia de servicios de internet y comunicaciones. Que anteriormente contaban con gallineros y corrales para la cría de animales para consumo, pero el avance del turismo no les permitió continuar con dicha actividad. Que el desarrollo de su actividad principal era la cría y venta de chivos, que se realizaba en grandes superficies de tierra, ya que por las características propias del clima del lugar, las pasturas y vegetación son escasas y requieren de grandes extensiones de tierra para dicha actividad. Esta actividad se vio interrumpida por la venta y segmentación del campo para cabañas y emprendimientos turísticos. Que estas complicaciones los obligaron a repensar su fuente de ingresos, así fue que comenzaron a desarrollar un emprendimiento de venta de panificados y conservas caseras para los turistas que visitan la zona. Con el correr del tiempo fueron agregando servicios a su emprendimiento, y actualmente cuentan con una pequeña despensa en la que comercializan distintos productos de almacén. Por otro lado, trabajan para distintas cabañas y emprendimientos de la zona realizando tareas de limpieza y jardinería, este trabajo lo realizan de manera informal, por lo que no cuentan con los beneficios de una obra social o aportes jubilatorios".
"Como organización Identidad Territorial Malalweche nos encontramos en estado de ALERTA ante un posible intento de desalojo por parte de Aldao, Bombal y Lucchessi -señaló la comunidad en un comunicado difundido este lunes-. Denunciamos la falta de implementación de la política nacional indígena (art 75 inc 17 de la CN, ley 24.071 convenio 169 de la OIT, ley 23.302, y ley 26.160) por pate de la provincia de Mendoza. Denunciamos una interpretación regresiva en materia de DDHH y derechos indígenas de la Suprema Corte de Mendoza".
Mapuches de Malargüe denunciaron una escalada judicial para despojarlos de sus territorios
Y cerraron: "Hacemos responsable al estado nacional y provincial por el posible intento de desalojo y las violencias contra el Pueblo Mapuche".
