En la víspera de la resolución del supuesto laudo presidencial por Portezuelo del Viento, el exprocurador de La Pampa y hoy diputado nacional por esa provincia Hernán Pérez Araujo aseguró que el gobierno de Rodolfo Suarez no inició nunca de manera formal el trámite de arbitraje y que, por ende, no habrá ninguna resolución.
"Pidieron pronto despacho y no había nada que despachar", es el título de un escrito publicado en sus redes sociales, en el cual detalló los pasos que debía seguir Mendoza para reclamar el arbitraje presidencial y que, según informó el diputado, nunca se completó. Se refiere el legislador al pronto despacho que promocionó Suarez en diciembre, presentado en la mesa de entrada de Casa Rosada.
La misma información fue difundida por El diario de La Pampa, que citando una fuente del Ministerio del Interior señala que "Mendoza nunca dio los pasos formales administrativos para solicitar el laudo arbitral del presidente para Portezuelo".
"En su momento Mendoza pidió el laudo, pero no dio los pasos administrativos formales. Hay que pedir formalmente el laudo arbitral y justificar por qué lo solicitás. Esto, Mendoza nunca lo hizo. Lo único que hay es una nota (de pronto despacho) de Suárez pidiendo a Alberto que laude sobre Portezuelo. Entonces, ellos suman el tiempo que les dé para que laude el presidente, pero no se respetaron los pasos administrativos formales para solicitar el laudo presidencial", indicó la fuente.
Pérez Araujo ratifica la falta de gestión de Suarez después de iniciar, a mediados de 2020, el pedido de laudo. "Lo que ha hecho la provincia de Mendoza es manifestar que va a iniciar el procedimiento que, como bien dice el Estatuto, tiene varias etapas administrativas que deben cumplirse, pero jamás lo hizo", señala el diputado pampeano.
Advierte Pérez Araujo que el gobierno de Mendoza buscará un culpable ante el nulo resultado de un proceso que nunca se inició:
"Ha habido mucha cháchara de parte de las autoridades y prensa mendocinas, mucho grito y alharaca, pero la verdad es que ha habido poco trabajo, y jamás pusieron en práctica todo lo que por los medios nos fueron anunciando. Ahora van a buscar culpables, por supuesto. En la Nación, en La Pampa, y vaya a saber dónde más", remarca.
Este es el documento completo publicado por Pérez Araujo:
PIDIERON PRONTO DESPACHO Y NO HABÍA NADA QUE DESPACHAR
Mañana vencería el plazo del .pronto despacho" solicitado por el Gobernador de Mendoza ante la decisión de COIRCO sobre la necesidad de un estudio y posterior Evaluación Ambiental de Portezuelo del Viento. Según parece, lo concreto y real resulta ser que el Gobernador ha pedido un pronto despacho, pero en realidad no hay nada que despachar.
¿Qué quiere decir esto? Clarito: en la reunión de Gobernadores del 26 de julio del 2020, se decidió por mayoría de cuatro votos contra uno a favor de la moción del Gobernador Sergio Ziliotto, consistente en que debía realizarse un estudio de impacto ambiental de toda la cuenca del Río Colorado, en el marco de la Ley N° 23789, de Obras Hidráulicas.
En dicha ocasión, ante el Consejo de Gobierno integrado por los 5 gobernadores de la Cuenca y presidido por el Ministro del Interior de la Nación, el Gobernador Suárez, según consta el Acta N° 73, manifiesta que solicitará se active el procedimiento de solución de controversias previsto en el Capítulo V del Estatuto. Dos días después, presenta un escrito que se anexa al Acta, pidiendo se cite a nueva reunión a efectos de dirimir el conflicto.
Entonces, lo que ha hecho la provincia de Mendoza es manifestar que va a iniciar el procedimiento que, como bien dice el Estatuto, tiene varias etapas administrativas que deben cumplirse, pero jamás lo hizo. Entre esas etapas administrativas, la primera consiste en que el propio Consejo de Gobierno debe dirimir el diferendo en la interpretación del tratado o en la aplicación del programa único que ese tratado aprueba. Es así que no solucionado el diferendo por no alcanzarse unanimidad entre las provincias, es el Presidente de la Nación quién se constituye en la figura del árbitro que debe emitir el laudo para resolver el diferendo.
En la provincia de La Pampa lo hicimos. A saber: vale decir que estamos ante un juicio arbitral, ante un procedimiento que debe tener todos los elementos de un proceso contradictorio. Esto es, debe ser planteado mediante un escrito fundado que plantee la pretensión de la provincia, en este caso de Mendoza. Es en esa instancia en la que se da por constituido el proceso, y de esa acción se le debe dar traslado a las demás provincias que deben contestar y manifestar sus argumentos a favor o en contra de la posición de quién requiere el laudo.
De ese modo fue llevado a cabo el proceso anterior por la provincia de La Pampa cuando solicitó el laudo presidencial el día 16/3/2017, mediante demanda de arbitraje interpuesta ante el Presidente de la Nación. Mediante esa acción, que pone en funcionamiento el proceso arbitral, es que se debe solicitar la ampliación de fundamentos prevista en el Estatuto, y se le debe dar vista a las restantes provincias del COIRCO.
El Estatuto y el Reglamento son muy claros al respecto: fijan un plazo perentorio de 60 días, prorrogables por 30 días más, para instar el procedimiento de resolución de conflictos. En este caso, la provincia de Mendoza ha llevado a instancias del Presidente en la Nación un pedido de pronto despacho, pero parece que no hay nada que despechar. Todos los plazos se han vencido sin que la provincia de Mendoza haya instado el laudo presidencial o el mecanismo de resolución de conflictos que en el acta N°73 de Consejo de Gobierno de código manifiesta iba a realizar.
Por lo tanto, no hay proceso, ni debiera haber laudo, sino remisión a lo decidido por los Gobernadores. En conclusión, ha habido mucha cháchara de parte de las autoridades y prensa mendocinas, mucho grito y alharaca, pero la verdad es que ha habido poco trabajo, y jamás pusieron en práctica todo lo que por los medios nos fueron anunciando. Ahora van a buscar culpables, por supuesto. En la Nación, en La Pampa, y vaya a saber dónde más.
Lo único claro es que nos ponemos a trabajar en el Estudio y posterior Evaluación Ambiental de toda la cuenca, o deberán usar el dinero (la friolera de 1023 millones de dólares) en otras obras que, vale recordarles, deberán ser analizadas y aprobadas dentro de los respectivos organismos de Cuenca de manera previa a su concreción.
