El desenlace fatal de un pedido de auxilio de dos turistas venezolanos intoxicados al 911 dejó otra vez al desnudo las deficiencias en la atención del CEO y, en esta ocasión, también del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Y, de nuevo, el hilo se corta por lo más fino: el Gobierno de Mendoza accionó contra uno de los operadores que estaba en ese momento a cargo de la atención.
A fines de 2020, cuando un vecino alerto al 911 por los pedidos de auxilio de Florencia Romano, la operadora que atendió el llamado minimizó la urgencia y cortó la comunicación. A pocas cuadras de donde estaba cautiva la joven había una comisaría con móviles disponibles, pero la ayuda no fue desplazada tras la llamada abortada.
El femicidio de Florencia derivó en pedidos de informes y requerimientos para que el ministro de Seguridad, Raúl Levrino, y el jefe de la Policía, Roberto Munives, dieran explicaciones sobre el funcionamiento del 911. Pero eso nunca ocurrió pese a los intentos de someterlos a las preguntas correspondientes en la Legislatura. El propio Rodolfo Suarez le pidió a los funcionarios que no acudieran, leyendo en las solicitudes una intencionalidad política. Recién tras las alecciones les dio permiso para acudir.
El caso se dio por cerrado con una causa contra la operadora del 911, que fue despedida y a quien se le inició una causa.
Meses después, e la Asamblea Legislativa, Suarez anunció reformas en el 911: “Reemplazaremos la plataforma 911, lo que permitirá gestionar de manera integrada un suceso, activando los sistemas que se vinculan para el tratamiento del mismo. Es decir, frente a un suceso se activarán los recursos dispuestos en calle para una asistencia eficaz y eficiente de acuerdo a criterios de cercanía, sistema de video vigilancia, desplazando a servicios de asistencia como SEC, Bomberos, etcétera".
Poco más de un año después una situación similar -esta vez el pedido provenía de una familia de turistas que se intoxicó en un hotel céntrico, con el deceso de dos de ellos como desenlace- puso otra vez en foco el funcionamiento de esa línea pública que, en teoría, debería auxiliar a los ciudadanos.
Esta vez, el 911 derivó la llamada al SEC y el operador de turno recibió el pedido de una ambulancia por un niño que estaba convulsionando y una mujer descompuesta. Estaban alojados en el Hotel Reina Victoria, de calle San Juan. El operador le indica que el niño no está convulsionando y tras preguntarle qué obra social tenían los envía a que se trasladen por sus propios medios a dos hospitales, el Notti para el niño y el Central para los adultos. La ambulancia no fue enviada, al poco tiempo los turistas murieron.
La salida del Gobierno fue cortar el hilo por lo más fino. Otra vez se inició una causa contra el operador del SEC -a quien el 911 derivó la llamada- que atendió, sin ahondar, por ahora, en responsabilidades mayores del funcionamiento del sistema. El Ministerio de Salud, además, denunció penalmente al hombre por “presuntas irregularidades en el desempeño de su labor”.
