El Gobierno respondió con un amplio dispositivo de persecución y vigilancia a los maestros que hicieron huelga este martes y miércoles. Antes del paro, prohibió las asambleas en las escuelas, durante el paro desplegó policías para requisar las trafics donde se trasladaban los docentes y celadores que venían a la Capital, y después del paro usó agentes policiales para recolectar información acerca de quiénes se adhirieron a la huelga.
El dispositivo se replicó con otros trabajadores del Estado, pero fue contra los docentes donde se aplicó con mayor ahínco, a sabiendas del impacto que tendrían las aulas vacías para una administración que se jacta de someter a ese sector con el rigor del ítem aula, un castigo en el salario con el cual Alfredo Cornejo pulverizó las huelgas entre maestros.
El SUTE planteo en la reunión paritaria que cese la persecución contra los docentes. "No nos dieron respuesta sobre eso. El día de paro subían policías a las trafics y a los micros de los trabajadores. También salieron a recorrer las escuelas con escribanos para ver la asistencia", remarcó Carina Sedano, titular del gremio.
El Ejecutivo trató de restar fuerza al paro docente en la previa, decretando la prohibición de las asambleas en horario escolar, comparándolas con el adoctrinamiento religioso, y el ingreso de referentes gremiales a las escuelas.
En la víspera de la medida de fuerza, salió a desacreditar a los huelguistas y deslizó en los medios que estaba fogoneada desde Buenos Aires.
Ya en pleno desarrollo de la protesta, dispuso requisas y controles a bordo de trafics y micros que trasladaban a los maestros hacia la Capital, con policías subiendo a bordo de las mismas.
También durante el paro buscó amedrentar a las familias con una circular que penalizaba a los alumnos que faltaran martes y miércoles. La amenaza no tuvo efecto: la huelga tuvo un apoyo masivo de los familiares de los estudiantes, que faltaron en forma masiva a las aulas. Incluso algunos faltaron el jueves en una especie de huelga de alumnos espontánea.
Pasada la protesta, el Ejecutivo mandó a la policía a las escuelas a buscar las listas de quienes se adhirieron a la huelga, lo que fue leído como un acto intimidatorio por los educadores, como lo contó una maestra de Uspallata en radio Nacional:
