Persecución en Mendoza

La Correpi repudió la detención de dirigentes gremiales en plena paritaria y como castigo a los que protestan por los salarios

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Roberto Macho llevado por dos policías a la Comisaría Tercera, de Ciudad. Foto: Captura de pantalla

"El gobierno de Suárez una vez más, a través de la criminalización de la protesta, transmite un mensaje aleccionador a lxs trabajadorxs que se organizan y se movilizan contra el plan de ajuste". De esa manera la Correpi Mendoza repudió la detención de dirigentes gremiales de ATE tras una asamblea de trabajadores en el Hospital Notti.

La detención de los gremialistas -se trata de Roberto Macho, Adriana Iranzo, María Rosa Gaete y Graciela Navarro- se ejecutó como parte de una política de persecución del gobierno de Rodolfo Suarez contra los que protestan por los salarios de pobreza.

A los dirigentes de ATE los acusan por cortar calles en el marco de protestas salariales y para eso usaron el artículo 184 del Código Penal. Días atrás imputaron a Raquel Blas (de SITEA) y multaron de forma masiva a los gremios que protestaron en la histórica manifestación del 26 de julio en las calles de Capital. Esta vez blandieron el Código de Convivencia por el cual el Ejecutivo pretende que las quejas se canalicen por las veredas y pidiendo permiso con anterioridad.

Una herramienta de penalización selectiva contra desposeídos, manifestantes y opositores

En ese sentido, Correpi enfatizó: "Repudiamos la criminalización desatada contra lxs trabajadorxs y exigimos libertad inmediata a lxs compañerxs detenidxs. Hacemos responsables al ministro de seguridad, Raúl levrino y al gobernador, Rodolfo Suárez por la vulneración de derechos y la integridad física de lxs compañerxs".

También se hizo eco de lo ocurrido el exsenador del FIT Lautaro Jiménez:

Lo priopio hizo el legislador justicialista Lucas Ilardo, también a través de Twitter:

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