Un año del Código de Faltas

Una herramienta de penalización selectiva contra desposeídos, manifestantes y opositores

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“Claro sesgo selectivo de dicha aplicación dirigida a grupos en condición de vulnerabilidad”. De esta manera resumió Xumek, en su informe anual, el resultado de la aplicación del Código Contravencional a un año de su sanción.

El Código es una herramienta que le sirvió al poder político para perseguir y penalizar desposeídos y opositores políticos. A la vista están las multas aplicadas a quienes protestan por mejoras salariales o reclaman por mejoras en sus condiciones de vida: multa o arresto, fue la respuesta estatal.

Un ejemplo reciente -ocurrido cuando el informe de Xumek había sido ya presentado- son las multas ejecutadas contra quienes protagonizaron la Marcha del Agua, donde, además de la represión ordenada por Rodolfo Suarez, la Policía de Mendoza detuvo manifestantes y se inició una persecución judicial a quienes impulsaron la protesta en las calles. 

Con el inicio del verano y los calores agobiantes, es la norma de la que se valió Irrigación para anunciar que perseguirá, con la Infantería y jueces dispuestos, a los bañistas que quieran refrescarse en cauces de riego.

Cuidacoches, blanco fácil

“La estadística oficial indica que hubo un aumento del 30 por ciento en la cantidad de contravenciones aplicadas en relación al año anterior, donde aún regía el código sancionado por la Ley 3.365 -señala Pablo Garciarena, quien tuvo a su cargo el capítulo sobre violencia institucional en el informe anual-. Desagregado por tipo de contravención, se observa que el 50 por ciento de las contravenciones se refieren a faltas contra el orden público y la seguridad pública. Específicamente, se aplicaron 577 faltas relacionadas a ‘actos turbatorios y desórdenes’.”

La aplicación selectiva del Código de Faltas tiene un caso claro en los trapitos o cuidacoches: hubo 145 intervenciones contra estos trabajadores de la economía informal.

“Surge de los datos anteriores el claro sesgo selectivo de dicha aplicación dirigida a grupos en condición de vulnerabilidad (trabajadores/as precarios/as o informales) y por otra parte, la respuesta punitiva frente al reclamo o protesta social, política, sindical, etc”, agrega Garciarena.

La plaza Chile, una mancha más del tigre

En el reporte anual de Xumek se hace mención especial a la represión ocurrida en la plaza Chile el 21 de octubre. Allí, la Policía de Mendoza reprimió a los manifestantes que se expresaron a favor de la oposición al gobierno chileno del derechista Sebastián Piñera.

Los uniformados dispararon balas de goma y gas lacrimógeno contra los manifestantes. La represión se desplegó en la Plaza Chile, adonde se habían dirigido los manifestantes que se convocaron frente al Consulado del país trasandino. El jefe de la Policía, Roberto Munives, fue filmado y fotografiado golpeando y arrastrando manifestantes. En una requisa de la que no quedó registro formal, la policía secuestró la tarjeta de memoria de uno de los detenidos, el fotógrafo Pablo Llanos.

El Gobierno justificó la represión a manifestantes en la plaza Chile: “Era una situación delictual”

La intervención de la policía en la plaza Chile arrojó un saldo de 24 detenidos, que fueron imputados de los delitos de resistencia a la autoridad y entorpecimiento de servicios públicos. Videos y fotos evidenciaron que en la plaza todo era una fiesta hasta que irrumpió Munives con la policía.

Penalizar a maestros y estudiantes

El informe anual hace foco también en la avanzada contra quienes encabezan reclamos sindicales.

“Otro hecho significativo que ratifica esta política criminal, se vincula con criminalización de la protesta social o el reclamo sindical. En agosto de 2018 se realizaron asambleas permanentes de deliberación en institutos educativos terciarios de la provincia, en las que participaban docentes y estudiantes -señala el reporte-. En esas instancias se discutían medidas y acciones a realizar ante la sanción de normativas emitidas por la Dirección General de Escuela, que reformulaban y restringían la oferta académica de dichos institutos. Frente a este conflicto, la respuesta de las autoridades y funcionarios el poder ejecutivo provincial fue realizar la denuncia ante la justicia penal (Correccional), optando así, por el abordaje del conflicto desde el sistema penal”.

En definitiva, concluye Xumek, “en épocas donde los criterios en materia de derechos humanos pretenden avanzar en un mayor control y limitación al ejercicio del poder punitivo de Estado, utilizando mecanismos alternativos de resolución de conflictos y entendiendo que el castigo debe ser la última ratio de la intervención estatal, la Provincia de Mendoza legitima un accionar de sus fuerzas de seguridad y sanciona normas a contramano del fortalecimiento de la convivencia democrática, propia de un Estado de Derecho”.

Este es el capítulo de Violencia institucional del Informe Xuumek:

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