Verano 2020

Irrigación sale con Infantería a multar y meter presos a bañistas que busquen alivio en cauces

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Los chapuzones gratis en canales de riego serán penalizados con multa o cárcel. Foto: diario San Rafael

Con la Policía y la Infantería reforzó el Gobierno la persecución a los bañistas que buscan refrescarse en los cauces frente a los intensos calores que azotan a Mendoza.

Lo confirmó Javier Lacam, coordinador de inspecciones de cauces del Departamento General de Irrigación, quien aseguró que, con la ayuda de fiscales y jueces dispuestos, penalizarán a los desposeídos que intenten alivianar las altas temperaturas en cauces de riego en toda la provincia.

Quienes buscan alivio en un cauce de riego -de por sí una actividad riesgosa- en general no tienen pileta en su casa y tampoco pueden pagarse una temporada en una pileta. Contra esas personas el Gobierno usará el Código Contravencional, como lo hace desde hace un año, para hacer cumplir la prohibición de bañarse en cauces.

"Vamos a sancionar con el articulo 124 y 138 del Código Contravencional. Las sanciones van desde 100 a 3000 unidades fijas (N. de la R: hasta 9 mil pesos)", señaló Lacam en una entrevista con fm Vos, de San Rafael.

Desde su sanción, a fines de 2018, el Código Contravencional se ha usó para criminalizar la pobreza y perseguir a opositores políticos. Blanco fácil del Código -implementado primero por Rodolfo Suarez cuando era intendente de Ciudad y después convertido en ley provincial- son los sectores de la economía popular, como quienes limpian vidrios y cuidan autos por monedas, una de las razones por las cuales esta norma fue denunciada por múltiples organizaciones en la Corte Suprema.

Cartoneros, limpiavidrios, cuidacoches, bañistas y opositores, los últimos multados del Código de Faltas

San Rafael, con el juez Oscar De Diego a la cabeza, hizo punta el verano pasado promocionando detenciones y multas a bañistas de barrios pobres que intentaban refrescarse en cauces. De Diego se ufanaba en entrevistas periodísticas de multar a jóvenes pobres con $9.000 y advertía públicamente que para los que no tengan plata tiene un plan B: el arresto.

Lacam anticipó que el Gobierno, apoyado en la policía y el poder judicial, seguirá trabajando en esa línea: multa o arresto para los pobres que no puedan pagarse una pileta y acudan a canales y otros cauces de riego huyendo del calor:

 

 

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