La presencia de policías, funcionarios y escribanos del Gobierno en las escuelas en plena huelga para constatar el acatamiento cosechó el repudio de referentes políticos, organizaciones sociales, gremios y en las últimas horas se sumó la Asociación para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos XUMEK.
"Entendemos que estos métodos, cada vez más frecuentes desde el Poder Ejecutivo con colaboración del Poder Judicial de Mendoza, apuntan a disciplinar la protesta social y el legítimo ejercicio de derechos constitucionales", apuntó la ong.
"Desde el 3 de julio del 2022 se ha constatado la persecución judicial a cinco (5) dirigentes sindicales– Roberto Macho, Adriana Iranzo, María Rosa Gaete y Graciela Navarro-, quienes han sido imputados por supuestas infracciones al artículo 194 del Código Penal de la Nación, por entorpecimiento de transporte; llegando incluso en el caso de Roberto Macho a ordenar su detención en sede de penitenciaría provincial", siguió el comunicado.
A su vez, Xumek se hizo eco de las múltiples denuncias de maestras y directivos sobre el envío de policías en plena huelga.
"La Policía provincial junto con abogadxs y escribanxs han asistido a las escuelas de la provincia de Mendoza, fuera de sus facultades establecidas por ley, para constatar libros de firmas de asistencia de docentes, durante los días convocados a paro y movilización, evidenciando así una actitud claramente persecutoria y coercitiva para quienes ejercen la docencia y adhieren al paro", remarcó.
Cuando trascendieron las denuncias sobre la presencia policial en las escuelas, el Gobierno buscó desligarse. Este miércoles, Rodolfo Suarez mandó a su ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, a decir que era un procedimiento "de rutina" y "por la seguridad de mendocinos y mendocinas".
"Este tipo de acciones -además de rememorar las épocas más oscuras de nuestra historia reciente– intentan dejar un claro mensaje de disciplinamiento y criminalización de la protesta social por parte del Poder Ejecutivo y Judicial de Mendoza".
La organización recordó que la protesta social es un derecho, así como el de hacer huelga, "el derecho a agremiarse libremente, el derecho de reunión, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a peticionar ante las autoridades, no solo resultan derecho humanos fundamentales receptados constitucional y convencionalmente, sino que además configuran condiciones básicas para la convivencia democrática propia de un Estado social y democrátido de derecho".
Y disparó contra los engranajes del poder judicial, uno de los arietes del cornejismo y ahora el suarismo para someter trabajadores.
"El Poder Judicial y especialmente el sistema penal como sistemas de reacción ante conductas delictivas, no pueden constituirse en herramientas de disciplinamiento y persecución de un reclamo legítimo que cuenta con el apoyo de toda la sociedad".
Cerró Xumek: "En contrapartida reivindicamos el camino del diálogo, el consenso y la resolución no violenta de los conflictos, como las acciones que debe promover y propiciar el Estado (...) expresamos nuestro absoluto apoyo al reclamo del sector docente, poniéndonos a su disposición en lo sucesivo e interpelando al Gobernador Rodolfo Suárez y al Director General de Escuelas, José Thomas, a retomar el camino del diálogo sincero y libre de toda presión coercitiva".
