La violencia institucional en Mendoza -vigente pese al retorno de la democracia, e incrementada en los últimos años- será el eje de la próxima marcha contra el gatillo fácil y la impunidad, convocada por familiares de víctimas de la represión estatal y la violencia institucional, organismos de Derechos Humanos y organizaciones sociales y políticas.
Será este 26 de agosto a las 17 desde la legislatura "contra todas las formas de represión estatal". Por esta razón entre las consignas también está "Ni Una Menos", que embandera el reclamo por los femicidios y la violencia de género, un flagelo que obtuvo como respuesta del Ejecutivo la persecución de la protesta y la represión.
La criminalización de quienes se quejan o plantean sus reclamos en las calles, incluso después de crímenes contra mujeres, trans o disidencias, ha sido una constante en el Gobierno de Mendoza, que fue más allá: días atrás el propio gobernador se jactó en el Consejo de las Américas de multar a gremios que piden mejoras salariales y detener, en plena paritaria, al líder de ATE.
Policía de Mendoza, siempre lista
La Policía de Mendoza, el brazo armado de las políticas represivas, protagonizó innumerables hechos de exceso en el uso de la fuerza y abusos en el ejercicio de lo que, se supone, debe tender a custodiar la paz social.
En Mendoza no sólo abundan ejemplos de gatillo fácil, sino que operativos "de rutina" se ejecutan con inusual violencia por parte de los uniformados, como el caso de una redada en Godoy Cruz que fue noticia incluso en los medios nacionales por su desmesura.
Correpi Mendoza, una de las organizaciones que convoca a marchar, planteó las siguientes consignas en torno a las fuerzas de seguridad:
• Prohibición del uso del arma reglamentaria fuera de servicio
• Eliminación de las detenciones arbitrarias
• Defensa gratuita para familiares y víctimas de la represión
• No a la defensa institucional de los asesinos
• Juicio y cárcel a los responsables
Respuesta represiva ante los femicidios
La constante criminalizacion de la protesta en Mendoza no se detuvo ni siquiera en los casos en que familiares y población salió en repudio de los femicidios.
Es el caso de las dos últimas masivas manifestaciones en el Este por los crímenes de Agostina Trigo y Karen Ríos, ambas masivas, y que fueron repelidas con balas de goma y gases.
Paradigmático es el caso del femicidio de Florencia Romano, a fines de 2020, donde la policía no sólo tuvo un accionar cuestionable antes del crimen, sino que el jefe de la fuerza en ese momento, Roberto Munives, responsabilizó a la familia. Tal desborde fue refrendado por el gobierno de Rodolfo Suarez, que en la Justicia argumentó que la familia de la víctima "es responsable 50% del crimen", junto con el femicida.
Para el gobierno de Suarez, la familia de Florencia Romano “es 50% culpable por el femicidio”
