La Suprema Corte de Mendoza postergó la resolución del conflicto de una empresa minera con comunidades mapuches en San Rafael hasta que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) informe las consecuencias posteriores al reconocimiento de las comunidades como habitantes del sur de Mendoza.
Se trata de 3.400 hectáreas que la empresa SoMiNar reclama como propias y que están habitadas por comunidades del LOF El Sosneado. Un disctamen del procurtador Alejandro Gullé, del riñón cornejista, recomendó en marzo de este año rechazar los pedidos de los pobladores originarios. Sin embargo, con la firma de Julio Gómez, Pedro Llorente y Teresa Day, la Corte postergó la decisión a la espera de "informes" del INAI.
Según las resoluciones 36 y 42 publicadas en el Boletín Oficial de la Nación, el reconocimiento a estas comunidades se realizó un informe histórico antropológico "en cuanto a su historia, sus aspectos materiales y espirituales, como así también el proceso de defensa a través de los distintos contextos históricos".
"Muchos campos que fueron entregados a propietarios que no vivían en la zona, y que se dedicaron a usarlos como garantías, y pasaban a ser rematados.- Entre esos remates lo adquirían y los readquirían, por eso nuestros pueblos permanecieron en los territorios. En muchos casos se les pagaba a gente que no era apoderado, y a veces conseguían esos poderes y así se llega a esta instancia de Sominar, que es una empresa que con un plano de cateo de mina hacían firmar a pobladores y con esos documentos alegaban ser los dueños", señaló sobre este conflicto Gabriel Jofré, de la comunidad Malalweche, que agrupa a los originarios del sur de Mendoza.
"Son un grupo de inversores inmobiliarios en un gran latifundio, y en su mayoría son extranjeros con caras locales. Allí se desarrollan explotaciones petroleras, de cobre. Esta sociedad minera que era una pequeña porción, en los escritorios de las dictaduras militares establecieron derechos sobre esos territorios".
La Corte, a favor de empresarios
En anteriores fallos, la misma sala que debe resolver ahora -integrada por Teresa Day, Pedro Llorente y Julio Gómez- resolvió en contra de los originarios y a favor de empresas.
Sin embargo, las resoluciones del INAI de comienzos de 2023 cambiaron el escenario en la pelea territorial, y le sumó un ingrediente político, ya que el oficialismo utilizó el reconocimiento a los pueblos originarios para hacer campaña contra la Nación.
Mapuches de Malargüe denunciaron una escalada judicial para despojarlos de sus territorios
El propio gobierno encaró una embestida para presentar recursos contra el reconocimiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) sobre la posesión de tierras al LOF Limay Kurrel, en Malargüe,y también al LOF El Sosneado, en San Rafael, y el LOF Suyai Levfv, en Malargüe.
Un punto central en la batalla del oficialismo y los empresarios contra los mapuches es la batalla por las riquezas del suelo sureño. A fines de 2018, cuando Alfredo Cornejo habilitó por decreto el fracking en Mendoza estas comunidades acudieron a la Corte con un recurso de inconstitucionalidad.
Este es el dalo de la Suprema Corte:
