Los ocho guardiacárceles que fueron imputados por el delito de "incumplimiento culposo de deberes de funcionarios" tras el presunto ataque, que no fue tal, contra la fiscal Claudia Ríos, retornaron este miércoles a sus tareas en el Servicio Penitenciario.
Según informó este miércoles Marcelo Puertas, a cargo de la Inspección General de Justicia, los ocho guardiacárceles que están imputados por su actuación en el marco de ese hecho fueron reasignados a distintas tareas dentro del Servicio Penitenciario luego que se negaran a declarar en el marco de la investigación.
"En qué momento este preso accedió al lugar con ese elemento corto punzante todavía no se sabe, pero sí que hubo fallas en las requisas", dijo Puertas.
Según explicó, los ocho guardias "deberían haber realizado tres requisas y, en principio, no está comprobado que se hayan realizado las tres, ya que no hay pruebas en las cámaras" de ello.
El hecho ocurrió el miércoles de la semana pasada, cuando un preso de máxima peligrosidad identificado como Hugo Eduardo Arredondo Suárez (33), sacó una chuza casera e hirió en el cuello a una estudiante de abogacía que se encontraba entre el público del juicio.
Aunque en principio la versión oficial de la Justicia fue que el reo intentó atacar a la fiscal Claudia Ríos, en las últimas horas un video desmintió ese relato que avaló, desde el principio, el propio Procurador del la Corte.
La secuencia fue captada por una cámara del Poder Judicial y esas imágenes son una de las pruebas destacadas de la causa que instruye la fiscal Andrea Lazo.
El recluso, que se encuentra detenido la cárcel de Almafuerte, se negó a declarar y quedó imputado por tentativa de homicidio y lesiones, aunque esa imputación, admitió la Corte, podría variar en función del video difundido, ya que se ve que el preso más bien tiene la intención de huir.
Arredondo Suárez es un preso de máxima seguridad que ya había sido condenado a prisión perpetua por el homicidio de Jorge Daniel Montilla (51), un exmilitar y comerciante que fue baleado en la noche del 10 de marzo de 2015 en el barrio Tamarindos II del departamento de Las Heras, pero además fue condenado a 14 años de prisión por otro crimen ocurrido dentro del penal de Almafuerte.
Además, en septiembre del año pasado fue imputado en otro expediente por una tentativa de homicidio de otro preso de 31 años, quien fue herido a golpes, lo sometieron a torturas, lo obligaron a consumir un sedante y finalmente abusaron sexualmente de él con un palo.