Mientras inyecta nuevo impulso a la megaminería metalífera en sus intervenciones públicas, Alfredo Cornejo licuó la subsecretaría de Ambiente y la puso dentro del Ministerio de Energía, fusionando las dos áreas aunque se supone que una de ellas, Ambiente, es contralor de la otra, que tiene a su cargo la actividad de las petroleras, entre otros ítems.
En ese contexto, el gobernador electo viene anticipando que en su gobierno buscará ampliar la matriz productiva y de la minería como motor de esa ampliación. Lo propio había hecho en campaña Rodolfo Suarez, que apenas asumió envió a la Legislatura la ley del cianuro para derribar la 7722, que prohíbe el cianuro y otras sustancias contaminantes en la minería.
En las entrevistas que brindó a modo de despedida, Suarez lamentó no haber podido pulverizar la Ley 7722 y reprochó a la dirigencia política no haber medido el nivel de resistencia social.
Cornejo, por su parte, ya anticipó en campaña que las restricciones de la 7722 son a su parecer "incumplibles y políticamente nefastas".
"Mendoza lo único que no tiene es megaminería metalífera. Porque literalmente la prohíbe una ley que impone restricciones muy duras que son incumplibles y que son políticamente nefastas, porque pasar una declaración de impacto ambiental por una legislatura no ocurre en ningún lado del mundo". Así se expresaba Alfredo Cornejo en junio de 2023, tres meses antes de ser ungido formalmente gobernador de Mendoza para cimentar 12 años de poder cornejista.
La fusión de Energía y Ambiente son un dato político revelador en ese sentido: Ambiente tiene bajo su área a la Dirección de Control Ambiental -en manos de Miriam Skalany, funcionaria profracking y opositora a la 7722- que debe controlar el cumplimiento de las normas ambientales en las actividades petroleras, mineras y todas aquellas vinculadas a la utilización de recursos naturales.
Los tres proyectos de Mindlin
En cuanto al futuro inmediato de la minería, Cornejo viene refiriéndose a "tres proyectos importantes" que están prestos a empezar. Precisamente son tres los que espera el empresario Marcelo Mindlin que le apruebe la Legislatura de Mendoza: se trata de El Burrero, Las Choicas y La Adriana, yacimientos ubicados en Malargüe.
Tras entregarle el 88% de la mina de potasio de Malargüe a José Luis Manzano, ahora el cornejismo se enfocará en que los legisladores levanten la mano para dar el ok al empresario que le compró a Ángelo Calcaterra, el primo de Macri, la empresa Geometales, con la cual pretende la exploración en el sur de Mendoza.
Los tres proyectos se localizan en la alta cuenca del Río Grande. Las Choicas está cerca del límite con Chile, en las nacientes del Río Tordillo, al sur del Paso de Las Damas. El Burrero (también denominado Matancilla) está inmediatamente al este del anterior, pegado al mismo. Mina Adriana está separado de estos dos y más al sur, cerca de Valle Hermoso, en unos faldeos de fuerte pendiente situados al este del Río del Cobre.
Imposición del fracking
Fue Cornejo quien, a fines de 2018 impuso por decreto el fracking, y a partir de ese momento diseñó y ejecutó un plan de rebaja de las regalías que deberían dejar las empresas en las arcas provinciales, además de ablandar las licitaciones para hacer fracking y perforar pozos convencionales más rápido y con menos trabas para las empresas.
"Yo me puse firme y eso corrió", dijo sobre el decreto de vía libre al fracking. Estaba respondiendo a una consulta sobre la resistencia social que genera la legalización del cianuro para megaminería en Mendoza.
Informe Explícito: 7722, la ley que resistió el acoso permanente del establishment
Con el respaldo de las urnas -aunque es menor que el que obtuvo Rodolfo Suarez y él mismo en 2015- es incierto, sino muy endeble, el futuro de lo que los ambientalistas llaman "la ley guardiana del agua".
Desde la pueblada de 2019, y con fiscales que responden al oficialismo, se persiguió y criminalizó a defensores del agua que aún hoy transitan las escaleras del Poder Judicial. A Cornejo no le tembló el pulso en su mandato para imponer política antipopulares, como despidos de empleados públicos o el mismo ítem aula, resistido en las calles por los maestros con caravanazos y marchas.
Cornejo pretende, por lo explícitamente dice en sus palabras, eliminar el paso de hacer pasar proyectos mineros por la Legislatura -la herramienta con la que la UCR le bloqueó a Paco Pérez Hierro Indio, por ejemplo-.
En ese punto en particular, la Corte de la Nación avaló el paso de la Declaración de Impacto Ambiental de los proyectos, aunque dijo que es inconstitucional la vaguedad de la 7722 al prohibir "otras sustancias tóxicas" en la minería sin especificar cuál.
