Con 33 votos a favor 13 en contra (del PJ, LUM y el Partido Verde) y dos ausentes la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto d adhesión al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) que dará enormes beneficios a empresas mineras de capitales extranjeros para llevarse el oro, el cobre y demás minerales de la cordillera de Mendoza.
El RIGI está contenido en la Ley Bases, que en su en el artículo 224° invita a las provincias "a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios, a adherir al RIGl en todos sus términos y condiciones, disponiendo que quienes adhieran 'no podrán imponer a los beneficiarios del régimen nuevos gravámenes locales, salvo las tasas retributivas por servicios efectivamente prestados'".
Mientras se trataba el proyecto afuera de la Legislatura protestaban asambleístas y vecinos autoconvocados por las facultades que tendrá el Ejecutivo de entregar los ríos a las mineras favorecidas con el RIGI a través de otro de los proyectos impulsados por el cornejismo: el Código de Aguas.
Entre los que se manifestaron en contra desde sus bancas estuvieron José Luis Ramón (Protectora), Jorge Difonso (LUM), Gabriela Lizana (PJ-FR) y Emanuel Fugazzotto, del Partido Verde, mientras que ejercieron una encendida defensa Gustavo Cairo, ahora en el equipo libertario y Guillermo Mosso, del oficialismo y conocido lobbista de las mineras.
#Mendoza adhiere al RIGI@JorgeDifonso: "No ha habido en esta discusión participación ciudadana. Ingreso rápidamente y ya lo tenemos en el recinto para votarlo. Esto puede significar impugnaciones judiciales" pic.twitter.com/IBze9l5g8C
— Periodismo Explícito (@SinMaripositas) July 31, 2024
#Mendoza vota la adhesión al #RIGI
Cairo (LLA): "¿Ustedes creen que alguien va a venir a invertir o a poner un mango con la ley 7722 arriba? Es una ley anti RIGI. Esa ley es el ancla empobrecedora de Mendoza" pic.twitter.com/4JvDatqO9V
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Voces en contra
José Luis Ramón (CyC), expresó su voto negativo a la iniciativa, señalando que es “darle permiso a un grupo reducido de apoderarse de la actividad económica, en perjuicio del pueblo”, porque “van a dar la habilitación legal para incursionar en nuestra provincia, en nuestro país y llevarse lo más caro que tenemos nosotros como capital, que podría ser desarrollado de manera sustentable, con la protección del medio ambiente, donde la regulación de la comercialización, de la producción, sea en beneficio de los consumidores”.
A su turno, Gabriela Lizana (FRM-LN) cuestionó que “estas medidas o beneficios se dan exclusivamente a las grandes inversiones” y que “los reclamos históricos de las PyMES siguen sin ser escuchados”, manifestando que “esta actitud de favorecer a los grandes, deja a las PyMES sin competitividad. Las grandes inversiones sin un marco legal, sin política de desarrollo nacional, sin protección a la industria nacional, no es una solución”.
En la misma línea se manifestó Valentina Morán (PJ), para quien el RIGI “ofrece privilegios a quienes van a hacer inversiones, que serán empresas que superen inversiones de 200 millones de dólares”, en “detrimento del desarrollo productivo de nuestro país. Hay que pensar en el país, en nuestra soberanía. La adhesión a esta ley implica la entrega de nuestros recursos naturales, y va a perjudicar a las futuras generaciones”.
Emanuel Fugazzotto (PV) votó en contra y consideró que el RIGI en Mendoza “tendrá impacto directo en una actividad, en detrimento de la matriz productiva de Mendoza, y es justamente buscar el beneficio de la minería. Esta ley beneficia a quienes quieren aplicar el modelo extractivo”. Destacó que “va en detrimento del resto de la matriz productiva agroindustrial que se ha mantenido en el tiempo a pesar de los embates que ha sufrido.
De igual manera, Edgardo Civit Evans (PJA), adelantó su voto negativo subrayando que se vota “una serie de beneficios y resguardos de los cuales no gozamos la mayoría de los argentinos”, expresando asimismo que “no se respeta la Constitución, el derecho a la igualdad.”.
Juan Pablo Gulino (PJ) pidió pensar en herramientas para los empresarios y emprendedores locales. “Le vamos a abrir la puerta a aquellos que tienen 200 millones de dólares para invertir”; “no podemos ser tan ingenuos. Esto es abrirle la puerta para que esa teoría del derrame sea con baranda, porque no va a llegar nunca”.
En tanto, Jorge Difonso (LUM), se opuso al proyecto y se refirió a una nota de rechazo de la Asamblea del Agua por considerarlo “inconstitucional, que va en contra de la Ley de ambiente y de ordenamiento territorial”. Destacó que “volvemos 50 años atrás”, y que “le daremos beneficios a estas empresas en detrimento de las actividades productivas locales”, generando “competencia desleal”.
Verónica Valverde (PJ), expresó que “yo al capital no le creo, el capital siempre quiere más capital. El Estado lo que tiene que hacer es conducir los intereses del pueblo para que el capital llegue a esos bolsillos y eso no está sucediendo”. Igualmente, apuntó que “la teoría del derrame no va a dar resultado”.
Promineros, a favor
Gustavo Cairo, conocido detractor de la Ley 7722, insistió en que ésta es un "ancla empobrecedora" y le sumó "es una ley anti RIGI". Siguió: "¿Ustedes creen que alguien va a venir a invertir o a poner un mango con la ley 7722 arriba? Es una ley anti RIGI. Esa ley es el ancla empobrecedora de Mendoza".
"Los proyectos que anunció BHP en San Juan son de cobre pero también de oro y plata. Hay pórfidos que se tratan con lixiviación ¿Alguien va a venir a invertir a Mendoza si no pueden explotar el oro y el cobre?", cerró.
Guillermo Mosso (PRO) cerró las alocuciones y apoyó el proyecto afirmando que “el RIGI es un régimen de beneficios de tipo aduanero, impositivo y cambiario para lograr atracción de inversiones en sectores que son motores de crecimiento para la economía argentina estancada. Sectores donde hay inversiones de escala importante, por eso se habla de un monto de 200 millones de dólares como mínimo, y pone un plazo para adherirse”.
“Se da estabilidad por 30 años, tratando de recrear algo que el presidente Milei está intentando lograr en sus 7 meses de su primer año de gobierno, que es tener un país ordenado fiscalmente y macroeconómicamente”, apuntó.
En el mismo orden, Mosso consideró que Mendoza, “en la adhesión a este régimen está diciendo que nosotros vamos a continuar en el sendero de la disciplina fiscal, baja progresiva de ingresos Brutos, vamos a seguir en el mismo camino, vamos a consagrar esa estabilidad fiscal”.
