El gobierno de Alfredo Cornejo dará otro paso en la criminalización de los que protestan en las calles este lunes, con una nueva audiencia convocada por sus funcionarios fiscales afines contra dirigentes gremiales y sociales que encabezaron manifestaciones.
El oficialismo pretende someter a juicio por diversas manifestaciones a dirigentes de ATE, SITEA, Apel y Atsa, imputándolos por el Artículo 194 por movilizaciones en el marco de las paritarias. En paralelo, pactó con la CGT una supuesta "paz social" que le garantiza que no habrá protestas mientras ejecuta su plan de desguace y despidos y la imposición de la megaminería.
También entran en la criminalización referentes ambientalistas, a quienes se somete a idéntica sucesión de audiencias en pos de un juicio que se demora pero que, mientras tanto, mantiene en un constante transitar de tribunales a sus protagonistas. El caso emblemático es el de Nora Moyano, asambleísta de Las Heras acusada de "secuestrar" legisladores.
Como contrapartida, quien denunció a los asambleístas en 2019, Jerónimo Shantal, fue premiado con la dirección de Minería, que ahora va a decidir a quién entrega y a quien no concesiones mineras.
En la audiencia de este lunes -que se har+a en el Polo Judicial desde las 9- se abordarán las acusaciones contra Lorena Torres, Jimena Báez y Víctor D Vila, del PO, Micaela Guiñazú y Ernesto Huerta, del FOL y Raquel Blas, de SITEA. Todos ellos participaron en los últimos años en diversas protestas o manifestaciones.
"Las imputaciones son por 12 casos diferentes, algunas por manifestaciones por alimentos para los comedores con la unidad piquetera, otras por el aniversario de la 7722", detalló a EXPLÍCITO Lorena Torres.
“Llamamos a los trabajadores de la provincia y los jóvenes a concentrarse en la puerta del Polo Judicial para decirle no a la elevación a juicio que pretende Cornejo en una causa totalmente arbitraria que pretende encarcelarnos por defender el salario, los bienes comunes, la defensa de la educación pública, entre muchos otros reclamos populares que hemos acompañado”, agregó.
“El trasfondo político de este atropello a las libertades democráticas se explica en la agudización de la crisis, y el intento del gobierno de avanzar con un pacto de paz social con la burocracia sindical y la oposición cómplice mientras avanza con el ajuste, por esto es necesario de rodear de solidaridad esta jornada”, postuló también la dirigente del PO.
Para acompañar a los acusados en la audiencia convocaron también las Asambleas por el Agua.
También convocó a la audiencia Raquel Blas: "Hacer una asamblea en nuestras unidades de trabajo, en nuestros barrios, convocarnos a una huelga, marchar por derechos de las mujeres o ambientales, es algo elemental para nuestra calidad de vida individual y colectiva. Estamos en una provincia y en un país que pretende hacernos creer que protestar y peticionar ante las autoridades es un delito".
Remarcó que muchas de las acusadas por las protestas son mujeres, y en ese marco señaló que "hoy más que nunca tenemos que decir que si tocan a una salimos todas".
El colectivo Ni Una Menos Mendoza también convocó a apoyar a quienes el cornejismo intenta criminalizar en un juicio.
El lunes 12 de agosto convocamos a conferencia de prensa en la legislatura en apoyo a las compañeras procesadas por ejercer su derecho a la protesta!
Exigimos la NO elevación a juicio de las compañeras, protestar NO es un delito. #protestarnoesundelito pic.twitter.com/eSZxVyVjkT
— Ni Una Menos Mendoza (@niunamenosmza1) August 8, 2024
