Este lunes en el Polo Judicial de Mendoza se hizo otra audiencia por una de las causas encaradas por el cornejismo contra referentes gremiales y sociales que protestan en las calles. Esta vez fue el turno de Roberto Macho, de ATE, a quien los fiscales afines al Ejecutivo acusaron por interrupción del tránsito durante reiteradas protestas por salarios.
Las imputaciones a los dirigentes sindicales fueron realizadas sobre las medidas de fuerza que se desarrollaron en 2022, esgrimiendo la violación del artículo 194 del Código Penal por entorpecimiento de la vía pública.
Este lunes se hizo una audiencia de acusación en la cual la fiscalía pidió la elevación a juicio. Definirá el juez penal Juan Manuel Pina González en una audiencia el 11 de septiembre.
ATE pidió la nulidad del juicio después de que los policías citados para dar declaración sobre los operativos declararan que no se cortó el tránsito de manera completa sino parcial y que la protestas fueron pacíficas.
El oficialismo pretende someter a juicio por diversas manifestaciones a dirigentes de ATE, SITEA, Apel y Atsa, imputándolos por el Artículo 194 por movilizaciones en el marco de las paritarias. En paralelo, pactó con la CGT una supuesta "paz social" que le garantiza que no habrá protestas mientras ejecuta su plan de desguace y despidos y la imposición de la megaminería.
Mario Muñoz, del Consejo Nacional del gremio, señaló tras la audiencia que “contrariamente a lo que desea imponer el gobierno ninguno de los testigos comentó la existencia del delito y han dicho que las marchas se hicieron en orden, dejando lugar para los vehículos”. Agregó que “los testigos sostuvieron que las concentraciones se hicieron siempre sobre el parque y sobre los lugares que no pasan vehículos”.
Destacó Muñoz que “entre los testigos había también inspectores y comisarios, es decir funcionarios policiales con alto cargo que también ratificaron que existieron las garantías y el cumplimiento para poder desarrollar la marcha bajo todos los parámetros legales”.
Sobre las reiteradas audiencias -parte de la estrategia oficial para hacer transitar a opositores, gremialistas y defensores del agua por los tribunales- Muñoz remarcó que “los dos fiscales de la parte acusatoria responden directamente al gobernador por lo que esta es la única razón porque el juicio se sostiene”.
ATE reiteró en un comunicado que “los gobiernos provincial y nacional, que comandan Alfredo Cornejo y Javier Milei, avanzan con su impronta disciplinaria por todo el país. Nuestra provincia no busca ser la excepción, sino un ejemplo de orden social y progreso económico, coartando derechos que están amparados por la Constitución Nacional, la OIT y los pactos internacionales de organismos que defienden los Derechos Humanos en todo el mundo”.
