“El mayor desafío es cómo hacemos de esto una Política de Estado". Celso Jaque (PJ) resumió así el espíritu del embate de Alfredo Cornejo por imponer la megaminería metalífera en Mendoza, un hito que quisieron, y no pudieron, concretar los gobiernos peronistas.
Cornejo tiene la ambición política y los brazos legislativos y judiciales para lograrlo. La Suprema Corte, por caso, acaba de hacerle un guiño a sus apetencias extractivistas en el Sur.
A principios de año, cuando Cornejo dejó ver que iba por todo en la minería, Jaque le puso freno a las expectativas del cornejismo sobre los proyectos extractivistas de cobre del empresario Marcelo Mindlin -El Burrero, Las Choicas y La Adriana- respecto a la creación de puestos de trabajo. "Queremos ser responsables, la aprobación de ahora es para comenzar con la exploración, no es que se genere tanto empleo", dijo entonces.
La generación de miles de puestos de trabajo es uno de los caballitos de batalla del lobby minero.
Este lunes, con el arranque de la discusión por el impacto de los 34 proyectos para extraer cobre, Jaque se sentó junto a la ministra de Ambiente y Energía, Jimena Latorre, y despachó:" Toda la política mendocina tiene una participación importante, nos exige de ambos lados, oficialismo y oposición, y a su vez, esta política que se lleva hoy a cabo debe tener continuidad en el tiempo”. Afirmó, también, que con respecto al cobre, “el mundo hoy ofrece una gran oportunidad, y esta es una provincia que por muchos años estuvo y está al frente de la protección ambiental”.
Jaque sostuvo que la discusión que se inició en la Legislatura “es uno de los principales pasos establecidos en la Ley 7722. Más allá de la tarea realizada por el Poder Ejecutivo, se necesita que la DIA (Declaración de Impacto Ambiental), que otorga el Poder Ejecutivo, deba ser tratada en las dos Cámaras a efectos que se logre la ratificación”, subrayó.
