La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) es una de las claves en la avanzada de Alfredo Cornejo para imponer la megaminería metalífera en Mendoza. La DIA de los proyectos mineros, según establece la Ley 772, en las fases de cateos, prospección, exploración, explotación, o industrialización, debe ser ratificada por ley.
Sin embargo, tal como está redactado el proyecto de ley que presentó el Ejecutivo para la reforma del Código de Procedimiento Minero, la DÍA se tramitará "ante la Dirección de Protección Ambiental u organismo que lo reemplace, quien deberá impulsarlo y evaluarlo, pronunciándose por la aprobación mediante una Declaración de Impacto Ambiental para cada una de las etapas del proyecto o de implementación efectiva, e informar a la Autoridad Minera de los avances de dicho procedimiento".
La ratificación legislativa queda establecida como una opción "en caso de corresponder", tal como puede leerse en el artículo 71 sobre los procedimientos a seguir:
Más adelante, en el artículo 84, insiste sobre la opción en lugar de la obligación: "Dentro del plazo de treinta (30) días hábiles (...) el interesado deberá presentar el Informe de Impacto Ambiental (IIA) para obtener la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental (DIA), debiendo acompañar las constancias de dicha presentación ante la Autoridad Minera. Obtenida la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), y en su caso, su caso la ratificación legislativa".
La ley 7722 en su artículo 3, en cambio, es taxativa. No obstante, el proyecto ingresado para reformar los procedimientos ordena derogar "toda norma que se oponga a la presente".
Lobby contra el filtro legislativo
La ratificación legislativa fue uno de los puntos que cuestionó Cornejo en campaña, y desde Canadá señaló a los posibles inversores que la DIA pasaría a ser una cuestión administrativa.
Dice textual la información oficial: "El Gobernador Cornejo explicó que se está trabajando en acelerar los procesos de declaración de impacto ambiental para proyectos mineros en Mendoza, especialmente en el departamento de Malargüe. Les comentó que el Ejecutivo provincial busca modificar la ley para que la declaración de impacto ambiental sea una decisión administrativa, y se están incorporando nuevas normativas para garantizar la transparencia y el trabajo conjunto con la comunidad en los proyectos mineros".
También el director de Minería, Jerónimo Shantal, la emprendió contra la ratificación legislativa de la DIA de los proyectos mineros: "Tenemos una ley restrictiva que es la decisión política de analizar un tema técnico. si un órgano político que analiza dictámenes técnicos, les baja su tasa de interés de retorno y no vienen. No existe en el mundo una ley que un órgano político revise un tema técnico".
Este es el proyecto de reforma del Código de Procedimiento Minero que impulsa Cornejo:
