Es ahora, quinta a fondo por la megaminería para Mendoza. Alfredo Cornejo pretende reformar la Ley 7722 para que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de los proyectos mineros dejen de pasar por la Legislatura y sean una decisión administrativa.
La obligación de pasar por la Legislatura es una de las bases de la ley llamada "guardiana del agua" por los asambleístas y "antiminera" por los lobbistas de las empresas mineras. Fue refrendada por la Corte Suprema de la Nación cuando analizó su constitucionalidad.
Sin embargo, Cornejo ya había anunciado en campaña que iría contra esa y otras restricciones de la 7722, a las que calificó de "incumplibles y políticamente nefastas".
Este martes en Canadá, donde participa de la feria minera de Toronto, Cornejo recibió el respaldo de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), ante su embestida oficial contra la ley que prohíbe el cianuro y otras sustancias tóxicas en la minería. La cámara celebró además que se haya licuado el poder de control de Ambiente fusionándolo con Energía en un solo ministerio.
Dice la información oficial: "El Gobernador Cornejo explicó que se está trabajando en acelerar los procesos de declaración de impacto ambiental para proyectos mineros en Mendoza, especialmente en el departamento de Malargüe. Les comentó que el Ejecutivo provincial busca modificar la ley para que la declaración de impacto ambiental sea una decisión administrativa, y se están incorporando nuevas normativas para garantizar la transparencia y el trabajo conjunto con la comunidad en los proyectos mineros".
Horas antes, el propio director de minería, Jerónimo Shantal, admitió en una entrevista que el Gobierno no sabe qué método de extracción de cobre se usará en Malargüe, y que podría ser a cielo abierto, lo cual requeriría tóxicos que están vedados por la 7722.
En Toronto, la CAEM le ofreció a Cornejo su colaboración para "agilizar permisos y concesiones para avanzar en el sector, teniendo en cuenta que existen oportunidades para el desarrollo económico de la provincia. A esto le sumó la imperiosa necesidad de generar apoyo de la opinión pública y en las actividades locales para impulsar el crecimiento de la minería en la región".
Cerro amarillo fue la punta de lanza
El cornejismo avanzó ya con Cerro Amarillo -denunciado por violar leyes ambientales provinciales y nacionales- y tiempo atrás impulsó y defendió los proyectos mineros de Marcelo Mindlin, a los cuales impulsó en la Legislatura.
La aprobación de la declaración de impacto del proyecto de extracción de cobre en Malargüe le dio al Gobierno -mediante un proyecto flojo de papeles y sin garantía sobre la no afectación de glaciares- lo que no pudo lograr por la fuerza con el derribo de la Ley 7722: avanzar con la minería pese a la resistencia social al uso de tóxicos.
