La Corte chilena confirmó el miércoles la extradición de Romano, a quien le rechazó los argumentos que esgrimió para intentar burlar los tratados internacionales y binacionales sobre extradición.
El ex camarista federal de Mendoza Otilio Romano fue trasladado el jueves con custodia policial desde el departamento en el que habitaba en Reñaca, donde cumplía arresto domiciliario nocturno, a dependencias de la Interpol en Santiago. Fue un día después de que la Corte Suprema de Chile ratificara la extradición para ser juzgado en Mendoza por su vinculación con decenas de delitos enmarcados en el genocidio cometido por la última dictadura militar argentina.
El portal de la radio chilena Bio Bio informó que este viernes personal de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile pondrá a Romano a disposición de la Corte trasandina para que proceda a su traslado a Argentina en cumplimiento con la solicitud de extradición.
La Corte chilena confirmó el miércoles la extradición de Romano, a quien le rechazó los argumentos que esgrimió para intentar burlar los tratados internacionales y binacionales sobre extradición.
El tribunal supremo del país trasandino consideró como elemento legítimo para la extradición las actuaciones de la instrucción de las causas en las que fue imputado Romano en el Tribunal Federal Número 1 de Mendoza. Al igual que la potestad de ese tribunal para calificar los hechos en los que está implicado el ex camarista.
La tercera argumentación de la Corte chilena destruyó la postura que igualaba la extradición de Romano y a la de Galvarino Apablaza, por una razón madre: a Romano se lo investiga como autor de delitos cometidos dentro de un plan militar que causó un genocidio. En términos ordinarios, el tribunal supremo de Chile argumentó que las extradiciones no pueden ser resueltas por canje ni negadas cuando son pedidas con pruebas para imputar delitos de lesa humanidad al extraditado.
Apablaza es acusado de ser el autor intelectual del asesinato de Jaime Guzmán (colaborador de Pinochet) y el secuestro de Cristián Edwards (de la familia dueña del diario pinochetista El Mercurio) y, a pedido de la Justicia chilena, se extendió una orden de captura de la Interpol en su contra en junio de 2004. Apablaza era líder del Frente Patriótico Manuel Rodriguez (FPMR), al que se le atribuyen ambos hechos ocurridos en 1991.
El juez Claudio Bonadío negó la extradición a Chile, entendiendo que en ese país se había afectado su derecho al debido proceso y a la defensa. Apablaza se declaró perseguido político, al igual que Romano. Por eso los abogados del ex juez acusado por hechos cometidos siendo fiscal en la dictadura emparentaron los casos en su argumentación contra la habilitación de la extradición de Romano a Argentina.
La Corte chilena les recordó que no son comparables porque Romano está acusado de participar en delitos de lesa humanidad.
