Ampliaron la denuncia por la que está procesado el ex secretario de la Gobernación, Alejandro Cazabán. Esta vez, plantearon que tres empresas de los mismos dueños cobraron $50 millones en 20 meses.
El bloque de senadores radicales denunció en la Justicia que el Estado le pagó $50 millones a tres empresas de comunicación porteñas que figuran a nombre de varios integrantes de una familia de apellido Bidart. Los denunciantes entienden que en estos pagos se cometió el mismo delito que en el denominado caso Matar - Cazabán, en el que están imputados por fraude el ex secretario de la Gobernación de Celso Jaque, Alejandro Cazabán, y el camarógrafo empresario Gustavo Matar por presunto fraude al Estado.
La presentación de lo radicales se hizo como ampliación de la denuncia que desembocó en el procesamiento de Matar y Cazabán. El expediente está radicado en la Fiscalía de Delitos Complejos, bajo la dirección del fiscal Santiago Garay. Los radicales ya habían advertido irregularidades en la contratación de las empresas Sentidos S.A., Mediabit S.A. y Comunicación Editorial Gráfica Argentina S.A., todas con sede en Buenos Aires y beneficiarias de "sugestivos" pagos del Gobierno de Mendoza, según consideraron los denunciantes de la presunta corrupción con la publicidad oficial, los radicales Roberto Infante, Alejandro Limas y Daniel Di Martino.
En el escrito presentado por el bloque de senadores radicales ante el Fiscal Garay, se indica que las 3 firmas mencionadas, de acuerdo a los registros de Personas Jurídicas, corresponderían a los mismos accionistas.
De acuerdo con las investigaciones de los diputados Infante, Limas y Di Martino el directorio de Sentidos SA es presidido por Andrés Bidart e integrado por Javier, Ana Inés y Patricia Bidart. Mediabit es encabezada por Ricardo Rodolfo Bidart y entre los principales accionistas están Ezequiel Horacio Bidart, Ana Inés y Patricia Bidart. CEGA tiene como presidente a Jorge Alfredo Barry, mientras que Juana Barry de Bidart (esposa de Ricardo y madre del resto de los empresarios con ese apellido), figura como directora.
En la presentación judicial los radicales también pidieron que se investiguen los pagos al consultor en markerting político Mario Riorda con fondos públicos. Los radicales sospechan que al profesional cordobés le pagaron trabajos proselitistas con fondos públicos, por eso el pedido de investigación al fiscal Garay.
Los radicales remarcaron que "esta presentación se efectúa en la Justicia ante la falta de respuesta a un pedido de informes solicitado por la UCR en cámara de Diputados (N° 64.235) y a la negativa del oficialismo en el Senado a que los responsables de la cartera de Hacienda respondan a la requisitoria en la Comisión de Labor Parlamentaria.
