Sebastián Prado, traumatólogo de 36 años, recibió tres balazos de un encapuchado que pretendió robarle el auto, según el parte policial. El Gobierno levantó una fiesta y ofreció recompensa.
Un encapuchado mató a Sebastián Prado, médico, de 36 años, jefe de Traumatología del Hospital Central, cuando fue a robarle la camioneta, estiman los policías que investigan, en la que estaban los dos hijos de la víctima, de tres años y seis meses de edad. El victimario le gatilló tres balazos a quema ropa mientras el médico intentaba evitar el robo en la puerta de su casa de López de Gomara al 700, en la Sexta Sección, y luego huyó corriendo. Fue el viernes, cerca de las 22.
Hasta ahí, un lamentable caso policial con una familia destruida y la sociedad asustada porque si le tocó a Prado, le puede tocar a cualquiera. En lo estrictamente policial y judicial, se busca al homicida. Pero las principales connotaciones de este hecho van más allá de un expediente judicial y una pesquisa policial.
El escenario del asesinato de Prado le da una significación política de dimensiones groseras a la tragedia de la familia de un médico joven que venía desarrollando una destacada carrera profesional.
En plena campaña electoral desfavorable para el oficialismo. A pocas horas de que se polemizara entre la dirigencia política local por el traslado de gendarmes que estaban en Mendoza para sumarlos al plan de saturación de efectivos del Conurbano bonaerense en el marco de un plan para recuperar los votos perdidos en las PASO en el principal distrito electoral del país. Con el gobierno entreteniendo a los medios con los "secuestros" de marihuana de la inteligencia binacional argentino chilena como si ahí estuviese la respuesta al temor a ser asaltado o asesinado que sintetiza el sentir de parte de la población. Y en momentos de definiciones trascendentes en la interna del partido de gobierno, con el Ministerio de Seguridad bajo el ala de uno de los sectores que debaten cómo seguir después de octubre.
El primer efecto político del crimen del médico fue el levantamiento de la fiesta del Lago del Parque General San Martín, donde se había convocado a los mendocinos a bailar en el fondo del pozo antes de que se vuelva a llenar, tras la limpieza que se lo realizó. Fue la primera señal de duelo desde el Gobierno antes de que ningún funcionario hiciera declaraciones públicas sobre el homicidio de Prado. Antes de que se anuncien medidas en materia de seguridad y de que aparezcan los pedidos de cambios en la cartera del área desde sectores de la oposición, se levantó de la agenda la Fiesta del Lago.
Además, como siempre en este tipo de casos, el ministro de Seguridad, Carlos Aranda, anunció la oferta de $50.000 de recompensa para el datero que delate al autor del crimen. La Justicia investiga, mientras espera que la policía consiga un datero.
Mientras tanto, el gobernador Francisco Pérez y sus allegados principales calculan cómo conviene salir a enfrentar el tema en los medios y qué acciones pueden ser eficaces para contrastar los ataques políticos por el flanco de la seguridad.
