El gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, advirtió que podría ir a la Corte Internacional de La Haya para evitar que la pastera aumente los cupos de producción.
Luego de meses de conflicto, cortes y protestas que parecían quedar atrás, la pastera UPM (ex Botnia) vuelve a ser noticia. El gobierno nacional endureció en las últimas horas su posición contra la pastera que planifica aumentar la producción de su planta instalada a la vera del río Uruguay y presiona al gobierno de Mujica.
El gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, advirtió que podría ir a la Corte Internacional de La Haya para evitar que la pastera aumente los cupos de producción, luego de mantener un encuentro este lunes con el canciller Héctor Timerman. Según Uribarri el ministro de Relaciones Exteriores expresó que la posición argentina contra la compañía es "inflexible".
"Si bien no hay una solicitud formal, nos preocupa enormemente la constante presión que hay por parte de la empresa al gobierno democrático de Uruguay", dijo el gobernador, según consignó la agencia Télam. "Argentina no autorizará ningún incremento de producción de pasta de celulosa a UPM", agregó.
"Si eventualmente se tomara una decisión unilateral, deberíamos analizar seriamente acudir nuevamente a la Corte Internacional de Justicia de La Haya", aseguró ayer Urribarri luego de verse las caras con Timerman. En la reunión participaron también el intendente de Gualeguaychú, Juan José Bahillo, y el senador nacional Pedro Guastavino.
La pastera UPM quiere aumentar la fabricación de pasta de 1,1 millones de toneladas hasta las 1,3 millones de toneladas, proyecto que recibió el visto bueno, hace un año y tres meses, de la autoridad ambiental de Uruguay, aunque el gobierno de José Mujica no firmó aún el aval.
La empresa esperaba que llegara la autorización previa a la detención anual de actividad para el mantenimiento de la planta, a efectos de acotar ese tiempo y seguir produciendo. Pero como no puede pasarse del límite que tiene autorizado, al terminar agosto informó que la paralización será mucho más extensa. En lugar de 11 días de suspensión de producción, deberá hacerlo por dos meses. Mujica trasladó el pedido a la Cancillería y el asunto fue derivado a la binacional Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).
