Un juez español debe estudiar el dictamen de la jueza argentina y el informe del fiscal Zaragoza (foto) para decidir la extradición de los requeridos por la justicia argentina.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional española se opondrá a la detención de los represores reclamados por la justicia argentina por los crímenes del franquismo, informó la prensa de ese país.
La fiscal jefe, Javier Zaragoza, alegará que la orden de arresto dictada por la jueza argentina María Servini de Cubría es “insuficiente” y “no procedente”, porque los hechos por los delitos de los que se acusa a los cuatro españoles están “prescriptos y amnistiados”, según la agencia EFE.
El escrito será estudiado por el magistrado Pablo Ruz, actualmente a cargo del juzgado de guardia, ya que no se sigue ningún proceso en España contra los reclamados.
El juez debe estudiar el dictamen de la jueza argentina y el informe de la Fiscalía para adoptar una decisión, aunque la última palabra en los casos de extradición la tiene el Consejo de Ministros español, es decir, el gobierno de Mariano Rajoy.
La orden de captura fue dictada contra el ex guardia civil Jesús Muecas Aguilar, el ex escolta del general Francisco Franco y de la Casa Real, Celso Galván Abascal –ya fallecido-, el ex comisario José Ignacio Giralde González y el ex inspector José Antonio González Pacheco, alías “Billy El Niño”.
Servini de Cubría señala en su resolución que los crímenes del franquismo son imprescriptibles y, por lo tanto, es aplicable el principio de jurisdicción universal para evitar que puedan quedar impunes.
Pero el fiscal General, nombrado por el gobierno español, es el que impone su criterio en cada caso, y Zaragoza, al frente del departamento de la Audiencia Nacional, ya se opuso en el pasado a la investigación de estos delitos cuando en 2008 el juez español Baltasar Garzón se declaró competente para ello.
En aquel momento, Zaragoza acusó a Garzón de abrir una “inquisición general” de la guerra civil y la dictadura del general Francisco Franco, prohibida por la Constitución.
Asimismo, argumentó que los delitos han prescripto y que, además, estarían perdonados por la Ley de Amnistía.
Por su parte, Garzón fue juzgado por prevaricato, aunque finalmente fue absuelto.
La causa abierta en Argentina en 2010 investiga los crímenes de lesa humanidad y/o genocidio cometidos en España entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, período que va más allá de la muerte del dictador Francisco Franco, fallecido el 20 de noviembre de 1975.
Involucra a ex ministros, gobernadores, jefes militares, guardias civiles y policías que actuaron durante la dictadura, como los ex ministros franquistas Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina, suegro del actual ministro de justicia, Alberto Ruiz Gallardón.
“Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado actuarán de acuerdo con el criterio jurídico que marque la Audiencia Nacional, a través de la fiscalía”, sostuvo el viernes Gallardón, respecto a la orden de detención dictada por la jueza argentina.
En mayo de este año, Servini de Cubría tenía previsto tomar declaración por videoconferencia a víctimas y familiares de víctimas, pero suspendió el procedimiento ante las quejas del Ejecutivo español. Finalmente, algunos de los testigos y víctimas declararon en Buenos Aires.
Por el momento, la jueza imputó sólo a los cuatro represores reclamados, pero pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina que ponga a los consultados a disposición para recolectar los testimonios de las víctimas con la intención de ampliar la investigación.
