Los dictadores organizaron una estructura para garantizar la "limpieza ideológica" en los medios de comunicación, en los palcos y los cines. El método para someter a todos los que pensaban distinto.
Por Felipe Yapur
Para Tiempo Argentino
Entre los documentos que contienen los 1500 biblioratos descubiertos en los sótanos del edificio sede de la Fuerza Aérea y dados a conocer el lunes por el ministro de Defensa, Agustín Rossi, se encontraron listas de intelectuales, músicos, artistas y periodistas que estuvieron prohibidos y perseguidos durante los años de la última dictadura cívico-militar.
Más allá de los nombres que allí figuran, que son muchos e importantes, lo que demuestran estos documentos es la estructura que organizaron los dictadores para garantizar una "limpieza ideológica" en los medios de comunicación, en los palcos y los cines de esos años, y así asegurarse la difusión de un mensaje único y acorde a los estatutos del proceso de reorganización nacional, como dieron en llamar a su genocidio.
La estructura organizativa que se dieron los miembros de las juntas de comandantes fue la creación de lo que denominaron Equipo Compatibilizador Interfuerzas (ECI), que estaba integrado por un representante de la Secretaría de Información Pública (SIP), otro de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y un miembro de cada una de las Fuerzas Armadas.
Por lo menos una vez por semana se reunía el ECI y trabajaba sobre la base de las listas que tenían para actualizarlas, subir o bajar de nivel de peligrosidad de tal o cual artista o periodista. Estas decisiones se tomaban en base a la coyuntura política, local e internacional, de esos momentos.
Poco después del golpe de 1976, el ECI no tenía plazos para mantener dentro de las nóminas de los F4, los más peligrosos por contar con "antecedentes ideológicos marxistas". De hecho, algunos pasaron toda la dictadura como F4, como le ocurrió al grupo vocal rosarino Los Trovadores o al escritor Julio Cortázar, y no salieron de esa condición ni siquiera cuando la junta militar de finales de 1982 ya flexibilizaba su control fruto de"una transición hacia la vida institucional plena".
Las listas se fueron depurando regularmente. Sin embargo, algunos errores se les deslizaba. Por caso, en la lista negra de enero de 1980 que el ministro de defensa, Agustín Rossi, mostró el lunes cuando anunció el descubrimiento de la documentación original de la dictadura, continuaba figurando como F4 el poeta, periodista y militante montonero Francisco "Paco" Urondo, quien ya había sido asesinado por los militares en junio de 1976. Algo similar ocurrió con el periodista Jacobo Timerman, quien en 1979 integraba la nómina de los F4 mientras estaba secuestrado en las mazmorras de los genocidas.
Si bien la caracterización de esta condición habla, según los documentos encontrados, de "antecedentes ideológicos marxistas" muchos de los artistas, intelectuales y periodistas que fueron parte de las listas negras eran peronistas. Según las investigaciones preliminares que se están realizando en el ámbito del Ministerio de Defensa, la caracterización de marxista o comunista para todos por igual tenía que ver con un decreto ley de la dictadura de Juan Carlos Onganía que se conocía como "ley anticomunista" y que data de agosto de 1967. Esto, según en el Ministerio que conduce Rossi, habría fungido de "plafón jurídico" para el funcionamiento del ECI.
El funcionamiento de esta organización cambió luego de la Guerra de Malvinas. La dictadura, debilitada por esta aventura sangrienta en el Atlántico sur que avivó las internas entre las Fuerzas Armadas, llevó a los comandantes a mirar la salida democrática. Los medios de comunicación fueron una preocupación constante para los genocidas y en esos últimos años también. Por eso, en septiembre de 1982 emitieron una serie de recomendaciones sobre el "personal interdicto en los medios de comunicación".
La intensión fue anticiparse a las libertades que traería una inevitable democracia pero que sería recién en marzo de 1984. Por ese motivo se ordenó que se disuelvan las listas negras de acuerdo a pautas estrictas y por etapas. La primera concluía en diciembre de 1982, la segunda llegaba hasta junio de 1983 y la tercera hasta diciembre de ese año. El adelantamiento de las elecciones disolvió las etapas pero no evitó que se realizaran las evaluaciones y el manoseo de los que padecieron el haber estado en esas nóminas.
En tanto, los interventores de los canales de televisión recibieron la orden de tomar recaudos "sobre los contenidos temáticos en que se desempeñan las personas involucradas en las listas mencionadas". Por caso, aconsejaban tener cuidado con los autores de un guión televisivo que pueda contener "conflictos socio-económico-político" porque, sostiene el documento, "la sutileza de los mensajes que puede elaborar y emitir un Roberto Cossa u Osvaldo Dragún no es la misma que la de Lozano Dana o Cernadas Lamadrid".
En cuanto a los músicos la preocupación era similar. Los dictadores recomendaban en este documento que en caso de que Mercedes Sosa o César Isella fueran parte de algún espectáculo debían "instrumentarse los medios para que en cada presentación televisiva o radial se limiten exclusivamente a cantar". La hipocresía de esta documento se expresa cuando afirma que nada de lo que se recomienda significan "una forma estricta de censura" sino que son pautas para consolidar un criterio frente a la apertura democrática pero sin permitir "un desborde ideológico".
