La Justicia rechazó unificar las causas que involucran a Otilio Romano, Luis Miret y otros jueces con la dictadura

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Quedó sin efecto el pedido de organismos de derechos humanos para que se incluyeran en este debate los delitos en perjuicio de más de cien víctimas con alrededor de 40 acusados.

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Otilio Romano detenido llega a Mendoza. Foto: Alfredo Ponce (Télam).

La Justicia rechazó el pedido de organismos de Derechos Humanos de unificar las causas en las que se acusa a Otilio Romano, Luis Miret y otros jueces por su complicidad con la dictadura, y en consecuencia el cuarto juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en la provincia en el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Mendoza sólo juzgará a Enrique Blas Gómez Saa, ex integrante de la VIII Brigada de Infantería de Montaña.

Los organismos de derechos humanos preveían que se incluyeran en este debate los delitos en perjuicio de más de cien víctimas con alrededor de 40 acusados.

Asimismo, los organismos habían solicitado que se incluyeran las causas de los ex jueces federales imputados de complicidad Otilio Romano, Luis Miret, Guillermo Max Petra Recabarren, Gabriel Guzzo y Rolando Evaristo Carrizo.

“No habrá unificación de causas y se arrancará solamente con Gómez Saá”, explicaron desde el tribunal donde adelantaron que este cuarto debate oral podría demorarse "un mes" hasta el dictado del fallo.

Gomez Saa, miembro de la División de Inteligencia G2 de la VIII Brigada de Infantería de Montaña de la sub zona 33 dependiente del Comandante del III Cuerpo de Ejército, será juzgado por delitos en perjuicio de tres víctimas.

El juicio comenzará a las 9.30 en los Tribunales Federales de esta capital, donde se escucharán los testimonios de 32 testigos.

Estos aportarán datos acerca de las privaciones abusivas de la libertad y las torturas sufridas por Oscar Martín Guidone, estudiante de 26 años quien fue ilegítimamente privado de su libertad la madrugada del 2 de junio de 1976 hasta ser liberado el 20 de agosto de 1978; y los militantes del Partido Comunista Martín Ignacio Lecea, de 40 años al momento de la detención, y Roberto Edmundo Vélez, de 18.

Lecea (ya fallecido) y Vélez fueron detenidos el 9 de agosto de 1976 y liberados en marzo y diciembre de 1977 de un establecimiento carcelario de la ciudad bonaerense de La Plata.

Asimismo, se avanzará en comprobar los alcances por las lesiones gravísimas provocadas a Guidone como consecuencia de las golpizas a las que fue sometido.

Según el requerimiento fiscal de elevación a juicio, Saa está imputado por los delitos de privación abusiva de la libertad agravada por violencias y amenazas y por haber durado más de un mes e imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima, por tres hechos en concurso real y lesiones gravísimas calificadas por haber sido cometidas con alevosía por un hecho, en el caso de Guidone.

El tribunal estará presidido por Alejandro Waldo Piña, junto a Juan Antonio González Macías y Alberto Fourcade.

Un proceso que arrancó en el 2010

En Mendoza, los juicios orales se iniciaron en 2010 con un primer debate en la ciudad de San Rafael, al sur de Mendoza, y otros dos en esta capital.

Tras este cuarto juicio, se espera para el 2014 el comienzo de un quinto que concentre las causas acumuladas y tenga como imputados a los exjueces.

También se espera para 2014 otro proceso en San Rafael donde el titular del Juzgado Federal, Eduardo Puigdéngolas, ordenó 22 detenciones a fines del año pasado, 14 exintegrantes de la policía provincial y 8 militares, a quienes se los investiga por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad en el sur provincial.

Estas forman parte de un total de 35 detenciones solicitadas por los fiscales Omar Palermo, Dante Vega y Francisco Maldonado, y surgieron tras la extracción de compulsas al cabo del primer juicio realizado en San Rafael a fines del 2010.

Por otra parte, también mañana y por orden del Juzgado Federal de San Rafael, el Equipo Argentino de Antropología Forense comenzará a buscar cuerpos de desaparecidos durante la última dictadura militar en zonas aledañas a la Laguna del Diamante, ubicada en el departamento de San Carlos, a unos 200 kilómetros al sur de esta capital.

La medida fue ordenada por Puigdéngolas tras analizar el testimonio de dos testigos que, sin conocerse, aseguran y coinciden en que allí, en un puesto cercano a una base militar, hay cuerpos enterrados.

Fuente: Télam

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