La causa compiló un manual de vicios y negligencias en la investigación y el primer juicio. El presidente del tribunal consideró que el "temor y resignación" de los testigos condicionarán el juicio.
Por Javier Polvani
@javierpolvani
Se desarrolla en San Martín la repetición del juicio oral y público contra Abdo Girala y Carlos Metralleta Pérez por la autoría del homicidio de José Luis Kote Bolognezi, el 14 de setiembre de 2002. Se trata de una causa emblemática del funcionamiento de la Justicia Penal de la Provincia, en la que se compiló un manual de vicios y negligencias en la investigación de un crimen.
Girala y Pérez son juzgados por homicidio por el tribunal que la Corte integró con Eduardo Orozco (presidente), Viviana Morici y Ariel Spektor, experimentados camaristas de la Justicia Penal. Los magistrados escucharán más de 150 testigos, si no se acorta la lista de convocados para el debate, que ya declararon antes en juicio y también durante la instrucción de la causa.
El primer debate fue anulado por la Suprema Corte al considerar que los jueces actuantes -Pedro Carrizo, José Antonio Balliro y Carmen Coronel- defendieron a los acusados, a quienes absolvieron en medio del repudio del grupo de vecinos de San Martín que sostuvo vivo el reclamo por Justicia durante la eternidad que demandó la investigación. La revocatoria de las absoluciones y la orden de celebrar nuevamente el debate oral fue el corolario de una causa plagada de testigos falsos y sospechas sobre la actuación de jueces, fiscales y policías.
Al Kote Bolognezi lo mataron alrededor de las 6 del 14 de setiembre de 2002. La causa determinante de la muerte fue una presión en el cuello que le provocó una asfixia, la que a su vez generó una falla cardíaca, dijeron las pericias médicas unos días después de ocurrido el caso. La tramitación de la causa fue caótica desde que los policías de la división Criminalísta, quienes debían documentar la mayor cantidad de elementos de la escena del crimen, arrasaron el terreno baldío donde fue hallado el cadáver del muchacho de 19 años que vivía con su padre en el barrio San Pedro, hasta que los jueces que juzgaron a los dos acusados al término de la investigación no fueron justos en la valoración de las pruebas documentadas en el expediente.
La instrucción recayó en el entonces juez de primera instancia Ricardo Schultz, pero como regía el Código Procesal antiguo los días posteriores al homicidio la Comisaría 12 tuvo a su cargo el inicio de las investigaciones. Y la primera hipótesis que reportó fue que Bolognezi murió atropellado por un auto, como reflejaron los medios al día siguiente al suceso que en pocos días incidiría decisivamente en la vida social de San Martín.
Cuando recibió la causa el juez, lo primero que hizo fue confirmar a los medios los trascendidos que circularon por el expediente mientras estuvo en poder policial. Entre estos, anticipó que citaría como testigos a los hijos de dos empresarios, a un ex boxeador y al hijo del juez que trabajaba en un despacho lindante con su oficina.
En junio de 2004, con una investigación dirigida por el comisario Héctor Quiroga, entonces jefe de la Distrital Este de Policía como sustento, Schultz imputó como partícipes en homicidio calificado a los cuatro testigos que nombró cuando asumió la causa y los mandó a detener. Quiroga contaba con fuerte respaldo político del gobierno de Julio Cobos. Luego fue jefe de la Policía del gobernador radical.
La Policía no pudo dar tres de los cuatro imputados por Schulz, mientras sus abogados entablaron una batalla judicial de proporciones nunca vistas en la historia judicial de San Martín, a la par del nacimiento de un movimiento creciente en la sociedad a favor de una resolución positiva de la investigación que se expresaba en las calles con miles de participantes en marchas dominadas por el silencio y el dolor.
Pérez estuvo preso en Boulogne Sur Mer, los otros tres imputados se presentaron después de que sus abogados consiguieron un cambio de carátula que les permitía enfrentar las actuaciones judiciales en libertad condicional. El entonces fiscal de Instrucción, Juan Day, firmó la elevación a juicio por la figura delictiva denominada homicidio en riña o agresión, que tiene una máxima pena de seis años de prisión. Y de inmediato elevó su renuncia a su jefe directo: el Procurador Rodolfo González.
Con los imputados presentados, la causa se dilató hasta que al final de la instrucción, con Schultz apartado luego de la enésima recusación de los abogados defensores, dos de los procesados fueron absueltos, mientras a Pérez y Girala se los encontró prima facie responsables del crimen. Entre otras cosas, no quedó claramente establecido el móvil del homicidio. ¿Por qué lo mataron?
Ambos imputados llegaron en libertad a las audiencias del juicio que se celebraron en 2009 y luego fueron anuladas por la Corte.
El abogado de Girala se opuso el lunes a la iniciación de la reiteración del juicio enarbolando el postulado de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo acto, pero el tribunal desechó sus fundamentos.
Once años después, el presidente del tribunal consideró que el "temor y resignación" de los testigos están entre los principales condicionamientos del juicio.
-¿Cuál es el obstáculo mayor a la hora de realizar un juicio, once años después de ocurrido el crimen? -le preguntó el diario Los Andes hace unos días.
-No hay uno solo. Pero, ciertamente, uno importante es que el temor y la resignación de quienes saben algo le ganen la partida a la solidaridad y a la necesidad de verdad. Como comunidad tenemos que tomar conciencia de que la Justicia es algo demasiado importante como para dejarla sólo en manos de jueces y fiscales -reflexionó Orozco.
